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En casi dos meses, el COA decomisa 71 autos antiguos

enero 31, 2009

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http://www.la-razon.com/versiones/20090131_006624/nota_248_756067.htm

En casi dos meses, el COA decomisa 71 autos antiguos
La mayoría de las incautaciones de vehículos usados con más de cinco años de antigüedad se dieron en Oruro y Tarija, y se trató de vagonetas. La importación de estos motorizados está prohibida desde diciembre.

Desde el 4 de diciembre, cuando entró en vigencia el Decreto Supremo 29836, que prohíbe el ingreso de vehículos con antigüedad mayor a cinco años, el Control Operativo Aduanero (COA) decomisó 71 motorizados con esas características, que ingresaron de forma ilegal al país.

La información está reflejada en una nota de prensa de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). Según el boletín, en Santa Cruz, Oruro y Tarija se decomisaron 62 motorizados, de los cuales 36 son vagonetas y nueve camionetas. El resto de los vehículos incautados fueron camiones, minibuses y motocicletas.

Los datos del brazo operativo de la Aduana muestran que el pasado fin de semana fueron capturados siete vehículos en el departamento de Oruro, que transitaban por sendas y caminos secundarios en las proximidades de la población de Salinas de Garci Mendoza, a 127 kilómetros de la capital orureña.

Durante diciembre se decomisaron 26 unidades, 14 de las cuales son vagonetas. En el Comando Regional de Santa Cruz se presentaron nueve casos.

Mientras, en enero se efectuaron 45 capturas, la mayoría de ellas se produjo en Oruro y Tarija, señala el documento.

En el caso de los vehículos capturados en Oruro, los conductores fugaron, lo que representa un agravante legal de la comisión del delito de contrabando. De los 71 motorizados decomisados, un porcentaje menor se encuentra en esa situación.

Tras la prohibición del ingreso de vehículos usados, de modelos inferiores al año 2003, los propietarios de esa mercadería y los importadores iniciaron medidas de protesta, sin éxito. Por esta razón, algunos de los motorizados fueron ingresados de contrabando, según lo constataron algunos medios de comunicación.

En este contexto, la Aduana informó que, en muchos casos, el decomiso fue acompañado por acciones de fuerza y violencia ejercidas por los responsables de la internación de vehículos usados, quienes —señaló la entidad estatal— no dudan en apelar a las agresiones directas a fin de recuperar su propiedad.

De acuerdo con los procedimientos consignados en el Manual de Gestión, el COA procedió en todos los casos a elaborar las respectivas actas de intervención, donde se establece el nombre del conductor o interesado, los datos del lugar, la hora, las circunstancias y los nombres de los efectivos o agentes del ente de control que atendieron el caso.

Luego, el acta y el vehículo son entregados a la administración aduanera más próxima. En base a esa documentación, la Aduana elabora una resolución que declara que la mercancía está autorizada o prohibida para ingresar al territorio nacional.

Uniservice SRL opera en Tarija en obras de construcción civil

enero 31, 2009

http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-01-31/vernotanacional.php?id=090131014205

Negocio. Catler y YPFB aseguran que hay un avance del 30% en la fabricación de las piezas de la planta. Se están haciendo en EEUU y Argentina. En mayo empiezan a instalarla

Uniservice SRL es una empresa tarijeña que opera en el área de las construcciones civiles, carreteras y obras de infraestructura. De acuerdo con el diario EL Nuevo Sur, esta compañía tiene nueve contratos con la Prefectura de ese departamento.

Aunque desde la Prefectura tarijeña se aclaró que algunas de estas obras las ejecuta en sociedad con otras empresas. Entre sus contratos más importantes está la construcción de la represa El Molino, ubicada en la zona alta de Tarija.

EL DEBER intentó conocer de manera más precisa el detalle de las obras que realiza Uniservice SRL en Tarija, pero no fue posible, pese a los insistentes llamados telefónicos que se realizaron.

El secretario de Planificación de la Prefectura de Tarija, Carlos Rico, dijo que su unidad no es ejecutora y que solamente establece el presupuesto y el programa anual de inversiones.

“Las unidades ejecutoras tienen que ser, cada una de ellas, las que informen cuáles son las empresas que están trabajando en cada uno de los sectores de Tarija. No es mi competencia y por ahí doy una información que no es correcta”, se excusó Rico.

De la misma manera, la directora de Contrataciones y Licitaciones, Ana Noemí Bass Werner, dijo que en ese despacho está desde mayo del año pasado y que la información que pueda dar tal vez sea incompleta.

Por ello pidió que se solicite al jefe de gabinete o al secretario técnico de la Prefectura chapaca esa información, para que se la entregue de manera completa y exacta.

También, desde las oficinas centrales de Uniservice en Tarija se indicó que no hay atención al público debido al duelo por la muerte de uno de sus ejecutivos.

Asimismo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, las instalaciones de esta empresa, ubicadas entre el tercer y cuarto anillo de la avenida Busch, fueron cerradas desde el martes. Se indicó que el lunes estarán abiertas.

Una constructora que se fue transformando

Uniservice es una constructora que se fue transformando. En primera instancia, se trataba de una empresa unipersonal, constituida únicamente por dos personas, Miguel O’Connor D’Arlach Taborga y por su hermano Jorge O’Connor (+).

El 10 de agosto de 2006 se transforma en Sociedad de Responsabilidad Limitada, que tiene por objeto la prestación de servicios de construcción e ingeniería y actividades relacionadas.
Aquí en Santa Cruz, el frontis de esta empresa indica que es una de ‘servicios de ingeniería incorporados’. Sin embargo, la tarjeta de presentación de su regente regional en La Paz, Mario Cossío McGalem, establece que es una ‘empresa de construcciones y servicios petroleros’, según verificó el diario EL DEBER .

Tenemos un YPFB muy político

Álvaro Ríos | Ex ministro de Hidrocarburos

Aquí, lo que vemos es que dos empresas chicas, medianas o muy chicas, para un contrato de más de $us 86 millones, aparecen como el contratista principal, y subcontratistas aparecen como los proveedores más grandes. Me parece que puede ser la falta de experiencia en YPFB y la falta de profesionales bien renumerados, lo que ha ocasionado que no se haga un pliego adecuado para la contratación del contratista principal. Creo que este tipo de trabajos debe hacerse al revés. El contratista grande, el que va a proveer la planta, la tecnología, debe subcontratar los trabajos menores, servicios eléctricos, tanques, suministros de materiales y demás. No cabe duda de que hay que hacer las cosas bien si queremos ver un YPFB robusto y fortalecido.

Creo que esto está bastante, diríamos entre comillas, podrido. Bolivia necesita GLP, es un proyecto importante para el país, nadie lo duda; sin embargo, YPFB debería lavarse, comenzando de cero, invitando a otra empresa y tratando de hablar con los proveedores actuales de que acá hay algo que no está bien, y tratar de hacer otra planta con un nuevo proveedor bajo nuevas condiciones. Estamos preocupados, por el futuro del sector energético boliviano, en virtud de que, primero, nuestros técnicos y profesionales no están bien remunerados.

Segundo, hay alta politización en YPFB y, tercero, si a esto le sumamos la corrupción, todavía por comprobarse, pero que ya hay indicios de ello. Creo que estos tres elementos son muy peligrosos para un YPFB que ha decidido tomar toda la cadena hidrocarburífera. Bajo este esquema, vuelvo a asegurar que en cinco años vamos a estar vendiendo este YPFB a precio de gallina muerta, pero antes de eso nos vamos a ir de cabeza, no vamos a conseguir mercados de exportación y el mercado interno estará desabastecido.

Después de este lío, el firmar un contrato dentro de YPBF les va a temblar la mano, el escándalo es demasiado grande porque hay un muerto. Hay que pedir al Gobierno una reflexión profunda, que despolitice a YPFB y le quite esa supuesta corrupción que existe; caso contrario, nos va a ir muy mal.

Distribuidores de GLP en estado de emergencia

enero 31, 2009

http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_01/nt090131/3_07ecn.php

La Superintendencia de Hidrocarburos hace peligrar distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las ciudades de La Paz y El Alto al imponer requisitos para los distribuidores de éste energético.

El sector anuncia medidas y huelgas de hambre sino se flexibiliza la disposición del ente regulador, advirtió Roberto Quenta, dirigente del sector Los dirigentes y autoridades del Ministerio de Hidrocarburos se reunieron ayer por la tarde para tratar el pedido. Al término de la cita hubo avances, pero el sector exige un documento para que los compromisos verbales se plasmen, afirmaron los dirigentes.

La disposición indica que los carros distribuidores de GLP deben ser de mayor capacidad y ya no pequeños, es decir la capacidad debe aumentar de 125 a 150 garrafas. El plazo para el cambio de carro vence este sábado.

Los distribuidores argumentan que para cumplir con esa disposición se necesita muchos recursos y tiempo.

Solicitan a las autoridades flexibilizar la norma por lo menos dos a tres años ya que la compra de un carro de mayor capacidad requiere de una inversión mínima de 20 mil dólares.

Según la dirigencia, la norma la sacaron el 25 de diciembre de 2008 y sólo les dieron un mes para el cambio de motorizado.

Además indican que los carros más grandes no podrán ingresar a los pequeños barrios, por lo que éstas zonas se quedarán sin GLP.

Se desconoce el estudio que realizó la Superintendencia para emitir la norma.

Gobierno, tras los indicios de nexos de corrupción en YPFB

enero 30, 2009

http://www.la-razon.com/versiones/20090130_006623/nota_249_755525.htm

INVESTIGACIÓN • La viceministra Suxo solicitó ayer información al Ministerio de Hacienda, a la estatal petrolera y a la FELCC, para analizar.

• EDIFICIO DE YPFB • La imagen muestra las dependencias donde funcionan las oficinas de la estatal petrolera.

El Gobierno inició ayer la recopilación de información de algunas entidades gubernamentales con el propósito de indagar más sobre los indicios de corrupción, en el supuesto nexo entre autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del consorcio Catler-Uniservice, cuyo presidente era Jorge O\’Connor D\’Arlach, quien fue asesinado el martes poco después de haber retirado 450 mil dólares del Banco Unión en La Paz.

“Estamos solicitando a través de notas al Ministerio de Hacienda sobre los montos desembolsados (a Catler-Uniservice), al presidente de YPFB (Santos Ramírez) que nos mande copias de los contratos que se habrían suscrito con Jorge O\’Connor D\’Arlach, a Fundempresa la constitución de esta empresa (Catler-Uniservice) para ver si cumple con todos los requisitos, y estamos pidiendo información a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a efectos de que nosotros podamos realizar seguimiento a esta investigación, toda vez que habrían indicios, por supuesto (sic), de hechos de corrupción”, afirmó ayer la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, a la red Erbol.

En el caso de YPFB, explicó a La Razón, “hemos solicitado que se nos informe de los contratos y licitaciones, una copia de los procesos de adjudicación para hacer un análisis, para ver si se ha cumplido la normativa y cómo se podía haber favorecido”.

La autoridad explicó que la información solicitada al Ministerio de Hacienda y a YPFB permitirá “hacer un análisis del caso para ver si habían relaciones fraudulentas o no”. Dijo que “hay que explicar cómo es que un empresario —Jorge O\’Connor D\’Arlach— tenía tanto dinero y, después, se relaciona de esta manera al presidente de YPFB; todo ello está dentro de la investigación que hace la Fiscalía; nosotros investigamos los hechos que tienen que ver con recursos (dinero) y si éstos son del Estado”.

Suxo también dio cuenta que “hemos solicitado información a través de la Unidad de Investigaciones Financieras (de la Superintendencia de Bancos) sobre las cuentas de Jorge O\’Connor D\’Arlach, del señor Córdova y también del presidente de YPFB (Santos Ramírez)”. Dijo que no tiene información de los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova, supuestos autores intelectuales de la muerte de Jorge O\’Connor D\’Arlach, quienes al parecer tienen vinculación con la estatal YPFB. “Hemos pedido a YPFB que nos remita planillas de toda la gente que allí trabaja”.

Aseguró que la información solicitada será recibida en los próximos 10 días y “tal vez no se cumpla por lo delicado del problema”, para después remitirla al Ministerio Público.

Suxo adelantó que su despacho espera coordinar el proceso de investigación con la comisión de investigación del Senado.

Anticipó que no hay un instrumento legal para castigar hechos de corrupción como el que supuestamente vincula a las autoridades de YPFB y Uniservice, pero el proyecto de la Constitución Política del Estado establece que ningún caso de corrupción quede en la impunidad.

“Este es un hecho de corrupción, vamos a tener el respaldo jurídico para que no quede en la impunidad”, dijo Suxo, pues por mandato del presidente Evo Morales Ayma “la lucha contra la corrupción es caiga quien caiga, no se va a proteger a nadie”.

Las preguntas aún sin respuestas del caso Córdova

1 El dinero • ¿Cuál es el origen de los 450 mil dólares que fueron retirados del Banco Unión la media mañana del martes 27? ¿Dicho monto fue retirado por Jorge O’Connor D’arlach?

2 El departamento • ¿Quién iba a recibir esa suma en el departamento ubicado en un inmueble de la Av. Tejada Sorzano? ¿Quién era el inquilino? ¿Era habitado frecuentemente?

3 La empresa • ¿Cuáles son los motivos por los que YPFB firmó un contrato con Castler Uniservice, a pesar de las observaciones que existen sobre su capital y conformación?

4 Atraco • ¿Estaba en los planes de los delincuentes cobrar la vida del ingeniero O’Connor D’arlach, en el volteo que ocurrió el martes en las puertas del departamento de la Av. Sorzano?

5 YPFB • ¿Qué obstáculos enfrentó Castler Uniservice para poner en marcha el proyecto separadora de GLP y gasolina? ¿Por qué recibió la suma de $us 4,5 millones hace poco?

6 Transparencia • ¿Cuál será la actitud y decisión política del Gobierno que demostrará para esclarecer este caso que, según los datos, afecta la imagen de la estatal del petróleo?

Presentaron denuncia de corrupción y se solicitó informe a titular de YPFB

enero 30, 2009

http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_01/nt090130/4_09scd.php

La viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, pidió datos sobre el caso.

La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que recibió una denuncia sobre el caso de los contratos de adjudicación de proyectos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la empresa de Jorge O´Connor D’Arlach.

La funcionaria mencionó que el nombre de la persona que presentó el documento se mantendrá en reserva, pero se hará un seguimiento y monitoreo del asunto para establecer sí hay irregularidades.

En ese sentido, informó que ya se solicitó un informe del tema al presidente de YPFB, Santos Ramírez.

“Como Viceministerio hemos recibido la denuncia y ya se han asignado dos abogados, que puedan hacer el seguimiento de todo el procesamiento. En principio se ha solicitado al titular de la petrolera estatal copias de los contratos que se habían suscrito con la empresa de propiedad de O’Connor D´Arlach”, explicó.

Por otro lado, Suxo aseveró también que se solicitó informes al Ministerio de Hacienda para conocer los desembolsos que se hizo para la cancelación de recursos por la adjudicación de la instalación de una planta separadora de Gas Licuado de Petrolero en la localidad de Río Grande.

La encargada de la lucha anticorrupción mencionó, además, que se pidió información adicional a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), para determinar los ingresos sospechosos que se hubieran registrado en cuentas bancarias que correspondan a las presuntas personas involucradas en el hecho del pasado martes.

“También se solicitó un informe a la Fuerza Especial de Lucha contra le Crimen sobre todo lo actuado y obrado, al igual que al Fiscal del Distrito Judicial de La Paz, para que el fiscal Luis Mamani pueda coadyuvar en este caso”, agregó.

De acuerdo con Suxo, los datos solicitados tendrían que ser entregados en un plazo no mayor a los 10 días. En un tiempo similar se debería presentar un informe sobre el asunto.

La funcionaria recordó que la entidad a su cargo no investiga, sino que realiza un monitoreo de cada caso, pero sí de la evaluación de informes se detecta algún grado y tipo de corrupción se remite los antecedentes al Ministerio Público.

Entre los indicios que serán considerados estarían la documentación del proceso de contratación y establecer si en esa instancia existe o no irregularidades.

Por otra parte, se revisará el texto completo de los contratos, los desembolsos y comprobantes de pagos, además de los resultados de las investigaciones que se habrían efectuado en entidades bancarias.


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