Fiscalía no puede aplicar 1008 en ‘Puño de Hierro’

http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-11-16/vernotaeconomia.php?id=081115221222

Recurso. Los afectados con la medida pueden plantear un recurso de inconstitucionalidad en busca de anularla. La Asociación de Surtidores de Bolivia convocará una asamblea para analizar el decreto

Control. Los militares están a disposición de YPFB las 24 horas del día para supervisar la venta de combustibles. Salen de la refinería en los camiones cisternas

Wilson Guzmán O.

La aplicación del DS 29788, referido a la inclusión de las gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo como sustancias controladas, sigue encontrando piedras en el camino. La norma establece que los que sean encontrados en posesión ilícita de combustibles deberán ser procesados por la Ley 1008, situación de difícil aplicación a decir de los fiscales Alberto Cornejo y Luis Ernesto Rodríguez, quienes consideran que se debería dictar un decreto reglamentario que permita algunos cupos para quienes utilizan estos productos en actividades legales.

Una primera constatación es que las cinco personas detenidas el jueves y viernes por haberlas encontrado en posesión de carburantes fueron liberadas para que se defiendan libres, lo que es contrario al espíritu de la Ley 1008, que presume la culpabilidad y que establece que quien sea encontrado traficando estupefacientes deberá defenderse desde la cárcel.

El fiscal Alberto Cornejo reconoció esta complicación e indicó que en Santa Cruz mucha gente trabaja en el agro y necesita el diésel. “Las personas que han sido detenidas son humildes, que viven de su trabajo. Por ejemplo, había un chofer al que contrataron para que transporte dos galones de diésel y aplicando el principio de objetividad, es que se lo dejó en libertad para que se defienda”.

Rodríguez destacó que, antes, a los que eran sorprendidos transportando carburantes sin autorización, se les decomisaba el producto y pagaban una multa. Ahora, se los imputará por tráfico de estupefacientes, ya que así está establecido en el decreto supremo, dictado por el presidente.

El abogado Adhemar Suárez indicó que no era viable la aplicación de la Ley 1008 a quienes sean sorprendidos transportando de forma ilegal las sustancias mencionadas en la normativa referida.

Más adelante indicó que las personas afectadas con esta medida pueden presentar un Recurso de Inconstitucionalidad. Si bien no funciona el Tribunal Constitucional, igual es posible presentarlo ante la Corte Suprema o ante las cortes superiores de distrito.

En YPFB evitaron referirse a estos temas. El encargado de comunicación, Juan Carlos Doria Medina, indicó que ese tema no era de su competencia, en tanto que el director nacional de hidrocarburos líquidos, Iván Morales afirmó que la Dirección de Comunicación tenía que brindar información al respecto. A su vez, el asesor legal de la Super de Hidrocarburos, Leonardo Chiquíe, evitó hablar.

A su turno, el presidente de la Asociación de Surtidores de Bolivia, Moisés Hidalgo, indicó que para la próxima semana convocará una asamblea para analizar la medida y harán consultas legales.
El decreto supremo establece que en un plazo no mayor a 15 días la Dirección de Sustancias Controladas del Ministerio de Gobierno y la Superintendencia de Hidrocarburos complementarán la reglamentación pertinente incorporando los procedimientos para el manejo del GLP.

Chiquíe indicó que no estaban trabajando en ese aspecto y que se encontraba abocado a otras funciones.

Para tener en cuenta

– Está prohibido vender combustible en bidones. Antes se permitía la venta de hasta 120 litros por persona, lo que era denominado como consumo doméstico.

– La provisión de combustible en los tres surtidores de Warnes es irregular. La falta de diésel y gasolina provocó la molestia de los propietarios de vehículos, pues están cansados de hacer largas colas para adquirirlos.

– El gerente regional de YPFB, Amilkar Soto, informó de que ayer se distribuyó a la ciudad 1,5 millones de litros de diésel. Anunció que el lunes se distribuirá al área rural 1,8 millones.

– En la tranca de control ubicada en la localidad de Guapilo se detuvo a un cisterna de YPFB transportando 24.000 kilos de gas licuado de petróleo con destino a Trinidad, sin contar con la autorización respectiva. El chofer del camión cisterna, Félix Zambrana, aclaró que siempre lo hacía de esa manera.

– El superintendente de Hidrocarburos estuvo en Tambo Quemado controlando que el ‘Plan Puño de Hierro’ se realice dentro de lo previsto.

Un plan similar fracasó hace tres décadas

En 1979, durante la presidencia de Wálter Guevara Arce, se intentó un plan similar para frenar el contrabando, el mismo tuvo un rotundo fracaso, y sólo duró tres meses.

El abogado Adhemar Suárez informó de que cuando era fiscal de Distrito y el ministro de Hidrocarburos era Jaime Araníbar se declaró a los combustibles como precursores. “No dio resultados porque los combustibles no son precursores, son recursos naturales”.

Suárez indicó que el plan fracasó por la presión de los sectores productivos y principalmente del transporte. A los tres meses de implementado se tuvo que suspender la medida, porque no dio resultado.

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