La devaluación de la minería

http://www.la-razon.com/versiones/20081124_006466/nota_245_716552.htm

La empresa nipona Sumitomo acaba de hacerse de todo el paquete accionario de la explotación minera de San Cristóbal, cerca de Uyuni. Se ha informado que por el 65% de las acciones que pertenecían a la Apex Silver, la japonesa pagó $us 22,5 millones, una suma insignificante en comparación con los 400 millones que desembolsó por el 35% hace pocos años.

Esta situación parece tener relación con el precio de los minerales en estos días de crisis, pero también con las condiciones en que deben operar los inversionistas extranjeros en el país.

La Apex Silver se ha deshecho con esta venta de su principal —sino único— activo minero en el mundo. Las acciones de la empresa habían estado cayendo incluso antes de que comenzara la tendencia a la baja en el precio de los minerales.

En el curso del año pasado y la primera mitad de éste, cerca de 250 yacimientos mineros fueron ocupados por miembros de ayllus que reclamaban propiedad sobre ellos a pesar de que el Estado nacional había extendido concesiones para la explotación.

Si el proyecto de nueva Constitución Política del Estado es aprobado —algo que, al menos en estos días, parece bastante probable— los pueblos originarios podrán fijar sus propias condiciones aplicando el concepto de la “autodeterminación” para cada uno de los recursos naturales que existan en el territorio. No importará lo que digan el Código de Minería o las leyes nacionales sobre esa actividad: las condiciones finales quedarán en manos de los pueblos originarios cuando se pongan a elaborar sus propias normas.

En tales condiciones, es difícil que una firma extranjera decida invertir en Bolivia, como se ha visto en estos años. Y esa podría ser la razón de la brusca devaluación del mayor emprendimiento minero del país.

Lo preocupante es el panorama hacia adelante, pues en la actualidad nadie se atrevería a sospechar siquiera que los inversionistas pudieran llegar, después de enterarse de la manera apresurada en que se fueron los que habían apostado sus capitales en el territorio nacional.

Empresarios mineros dicen que las operaciones entraron en crisis debido a que los nuevos niveles tributarios las encarecieron en exceso, y que, si pudieron sobrellevar la situación cuando los precios estaban altos, ahora no pueden sostenerlas.

El país ha entrado nuevamente en una etapa en que la minería volverá a ser una actividad de subsistencia elemental para miles de bolivianos que, por supuesto, si apenas podrán mantenerse ellos, será imposible esperar que paguen impuestos.

A esta situación se suman las deficiencias de gestión de las autoridades del sector, que continúan demorando, con todo tipo de indecisiones, la entrada en operaciones de la explotación del yacimiento del Mutún. Al menos, esa es la queja que se escucha cada vez más fuerte desde Puerto Suárez.

Los conocedores de la materia indican que la minería se desenvuelve en ciclos de altos y bajos precios; que los precios altos duran más o menos dos años y los bajos, cuatro.

Habrá que esperar que pase esta mala racha de los precios, pero, a la vez, elaborar una estrategia minera permanente. Sobre todo, es necesario que las reglas sean claras y que exista una sola autoridad nacional, repartida por regiones, que autorice las explotaciones en nombre del Estado boliviano.

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