HC: Intervenciones

http://www.la-razon.com/versiones/20081126_006468/nota_246_718160.htm

Carlos Alberto Mostajo*

El desabastecimiento de carburantes en el país y la imposibilidad de exportar más gas se deben, entre otros factores, a la falta de previsión y toma de acciones necesarias para producir un nivel adecuado de hidrocarburos y a la exportación ilegal de carburantes que ocurre en las fronteras, la cual constituye un lucrativo negocio de unos pocos.

Con la intención de controlar este último factor, el Poder Ejecutivo dictó el DS 29752 reglamentando el procedimiento y las atribuciones para efectivizar la intervención preventiva de empresas reguladas, autorizando que designe, mediante resolución administrativa fundamentada, interventores que administren y/u operen las empresas reguladas por un año, aunque ese plazo puede ser ampliado.

Entre las atribuciones conferidas en el DS a los interventores en forma enunciativa y no limitativa están: tomar posesión de la empresa intervenida para su gestión y administración, asumir la representación legal de empresa, modificar las relaciones contractuales laborales y de servicios de la empresa intervenida, disponer el retiro de personal que a su criterio hubiere incurrido en actos irregulares, ejercitar todas las facultades (sin límite) que en el marco regulatorio le asigne el ente regulador, ejercer todas las facultades inherentes a las actividades propias del giro de la empresa y otras.

Es decir que en la práctica no se trata de una intervención en los términos de una intervención judicial, sino que se asemeja más a una seudo-confiscación de la propiedad privada.

En efecto, el Art. 164 del Código de Procedimiento Civil permite la intervención judicial en determinadas oportunidades, limitando las facultades del interventor a las de vigilar la conservación del activo y cuidar los bienes para evitar su deterioro, comprobar los ingresos y los egresos, dar cuenta al juez de eventuales irregularidades e informar periódicamente al juez sobre la marcha de su cometido. En estos casos, el juez limita las facultades del interventor a lo indispensable y, según las circunstancias, éste podrá ordenar la recaudación de ingresos embargados, sin injerencia alguna en la administración, es decir que judicialmente jamás se permitiría a un interventor todo lo que el DS sí le faculta.

El control del contrabando sin duda es algo positivo para el país y ojalá se iniciara una política pública seria al respecto en todos sus niveles, pero si se autorizan intervenciones de determinadas empresas debería ser en el marco de las intervenciones judiciales y no transgrediendo derechos y garantías constitucionales de los empresarios, porque de tal manera esas intervenciones pueden dar lugar a
verdaderos abusos y a seudo-confiscaciones de la propiedad privada, en las que ni el Estado ni su ente regulador están asumiendo responsabilidades por los eventuales atropellos, confiscaciones, daños y/o perjuicios que los interventores pudieran causar con su accionar a las empresas intervenidas.

*Carlos Alberto Mostajo
es abogado.

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