Informe desvirtúa acusación de Gobierno sobre atentado a ducto

http://www.lostiempos.com/noticias/02-12-08/02_12_08_nac9.php

DETENCIONES | Cívicos tarijeños y unionistas cruceños fueron recluidos en el penal de San Pedro, ayer. Gobierno persiste en sus acciones y en las regiones se realizan movilizaciones en contra de las detenciones

Redacción Central y El Deber

Un informe de la empresa transportadora de hidrocarburos Transierra dirigida al superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, de fecha 12 de septiembre de 2008, desvirtúa las acusaciones del Gobierno contra los cívicos tarijeños, de haber hecho detonar una carga de explosivos en el gasoducto en la zona de El Palmar causando daños cuantificados en 100 millones de dólares.

En dicho informe, difundido por varios medios de comunicación en esas fechas, la empresa precisa que no hubo atentado algunos al gasoducto Yacuiba-Río Grande y que la explotación y el incendio en la válvula SDV-3, que se registro el 10 de septiembre, se debió a una mala manipulación de una válvula.

Sin embargo, según la acusación del Ministerio de Gobierno y a base de la cual el Ministerio Público ha detenido a varios dirigentes cívicos de Villa Montes y al presidente de la máxima entidad cívica de Tarija, Reynaldo Bayard, quienes fueron trasladados a La Paz y recluidos ayer en el penal de San Pedro de esa ciudad, estas personas cumpliendo con un “plan organizado” tomaron la planta de hidrocarburos en Palmar Grande y atentaron contra el gasoducto.

La acusación por ese presunto atentando, fue ampliada la semana pasada por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, contra el presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, por haber participado en la planificación de ese atentado.

“En el caso del (presunto) volado del ducto con dinamita, es absolutamente falso, yo en este momento tengo el informe de Transierra dirigido al licenciado Guillermo Aruquipa Copa (…), de la fecha 12 de septiembre 2008, en él se indica que hubo una mala manipulación de la válvula al ser cerrada y no fue dinamitazo”, afirmó a la agencia Erbol el segundo vicepresidente de la entidad cívica cruceña, Roberto Gutiérrez.

Señaló que el gobierno de Evo Morales está usando el tema del supuesto atentado del gasoducto del pasado 10 de septiembre con fines netamente políticos a través del cual realiza persecución a dirigentes cívicos opositores al actual régimen.

“Pero este informe que tenemos seguro tirará por la borda la denuncia del Gobierno”, aseveró el dirigente cívico cruceño, al recordar que Reynaldo Bayard y otro dirigente del Comité pro Intereses de Tarija, están encarcelados en la ciudad de La Paz por el presunto atentado al gasoducto Yacuiba – Río Grande.

“Lo que se está viendo es un juicio político, una cuestión inminentemente política, una persecución política a la que están sometiendo a cívicos y autonomistas del país”, manifestó.

El Gobierno a través del vocero de Palacio Quemado, Iván Canelas, negó ayer según la agencia Anf, que en el país exista persecución de dirigentes cívicos, al asegurar que será la Fiscalía y el Ministerio Público, que determinen su culpabilidad o inocencia en la comisión de delitos por los que se los acusa.

En conferencia de prensa, Canelas calificó de “exageradas” las denuncias hechas por parlamentarios de la oposición respecto a que en el país existe una “cacería de dirigentes”, por lo que negó que el Ejecutivo haya solicitado la detención de las autoridades departamentales.

Canelas aseguró que las personas que hubiesen cometido delitos deben ser sometidas a la justicia ordinaria, al insistir que no existen acuerdos políticos que puedan dañar o afectar la democracia y la justicia boliviana.

El funcionario dijo que fue el Ministerio Público que instruyó la detención de tres miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en Santa Cruz y su trasladado a La Paz. “Son personas que aparentemente fueron reconocidas por videos y fotografías como los agresores del ex comandante de la Policía en Santa Cruz”, agregó.

El domingo, el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal, determinó en el marco de la audiencia de medidas cautelares, la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de los tres agresores del ex comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Wilge Obleas.

Reacciones

El movimiento cívico de Santa Cruz inició ayer las movilizaciones en señal de protesta contra las persecuciones de los líderes regionales que realiza el Poder Ejecutivo, y amenaza con tomar otras medidas drásticas para revertir el clima de intranquilidad y amedrentamiento. Sin embargo, frente a la decisión de no permitir más atropellos, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, advirtió que los procesos continuarán contra todos aquéllos que hayan cometido delitos.

Al mediodía del lunes, un grupo de dirigentes encabezados por el primer vicepresidente cívico, Luis Núñez, llegó hasta las puertas del edificio de la Corte Superior de Distrito para protestar contra el Ejecutivo y advertir que no tolerarán las persecuciones contra los líderes regionales.

Minutos antes, el presidente cívico de Beni, Alberto Melgar, informó de que pidió al presidente del Conalde, Rubén Costas, que convoque una reunión de emergencia para tomar medidas contundentes de forma conjunta con los líderes políticos y cívicos de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

Por la tarde, en la plaza 2 de Diciembre de Montero, los dirigentes del Comité Cívico Provincial hicieron repicar las campanas de la iglesia para convocar a la ciudadanía a que se concentre con el fin de protestar contra los gobernantes por la detención del unionista Jorge Brasil Vargas.

Si bien la concentración no alcanzó ni al medio millar de personas, fue muy emotiva debido a la presencia de los familiares del joven aprehendido que terminaron confundiéndose en un abrazo interminable en medio de lágrimas y los gritos de apoyo de las autoridades y público en general; a la cita montereña también asistió el vicepresidente cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, que advirtió que el abuso del Gobierno es otro motivo para “decirle No a la nueva Carta Magna”.

Tarija ratifica el paro cívico para mañana

El Comité pro Intereses de Tarija que aglutina a las instituciones representativas de esa región, ratificó para este miércoles 3 el paro de 24 horas en protesta por las persecuciones y aprehensiones de los líderes cívicos por parte del Ejecutivo.

Pese a que en las últimas horas el Gobierno, en la voz del vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, descalificó la medida adoptada por los tarijeños señalando que era inaceptable ese tipo de hechos sólo para defender a personas que cometieron delitos contra el Estado. La presidenta en ejercicio del Comité Cívico, Patricia Galarza, confirmó que la medida va desde las 00:00 de este miércoles.

Entre tanto, la agencia ANF informó ayer de que una marcha de campesinos y ganaderos que protestan contra las autoridades departamentales de Tarija arribará a esta capital el mismo miércoles 3, fecha en la cual se cumplirá el paro cívico.

Los campesinos reclaman al prefecto Mario Cossío la entrega de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a sus afiliados, y los ganadores exigen soluciones inmediatas para los desastres que ocasionó la sequía, afectando a miles de familias y eliminando una importante cantidad de ganado.

Ayer, Patricia Galarza lamentó que esa marcha coincida con el paro cívico.

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