La nueva CPE resta atractivos para la inversión privada en Hidrocarburos

http://www.lostiempos.com/noticias/21-12-08/21_12_08_ultimas_eco3.php

La Paz | ANF

El proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE) le quita los menguados atractivos al sector hidrocarburos para la inversión privada, señalan en fuentes petroleras. La vigencia del documento será aprobada o desautorizada en el referéndum del 25 de enero.

Entre los desencantos se mencionan al Estado que asume “propiedades absolutas sobre los recursos naturales”, lo que conlleva la obligatoriedad de reinvertir en el país las utilidades que capten las empresas.

Si ahora el Estado, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ya adeuda, fácilmente, unos 200 millones de dólares a las petroleras que operan en el país y entregan su producción a la estatal. Entonces con la exigencia de la reinversión el panorama se torna brumoso.

El artículo 359 del proyecto de CPE señala que “El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización”, especificando que “la totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado”.

La obligación que tendrán las petroleras privadas de emplear las ganancias en el financiamiento de proyectos en Bolivia está estipulado en el inciso II del artículo 355, que indica: “Las utilidades obtenidas por la explotación e industrialización de los recursos naturales será distribuidas y reinvertidas para promover la diversificación económica en los diferentes niveles territoriales del Estado”.

Esta exigencia reduce el atractivo de los hidrocarburos bolivianos, porque “quien invierte en realidad lo hace con el propósito de recuperar su dinero en utilidades y llevarlas a donde le parezca”, aseguran en el sector y analistas.

Otro factor que resta seducción al capital privado tiene relación con el uso de las reservas de hidrocarburos “como mecanismos de garantías para financiamiento”, lo que estará prohibido.

El artículo 357 del proyecto de CPE. Señala que “por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa, ni ninguna persona o empresa privada boliviana podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrá utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad”. Es más, puntualiza que “la anotación y registro de reservas es una atribución exclusiva del Estado”.

YPFB Aun cuando YPFB es “la” empresa, pilar de la economía y el desarrollo del país, en el proyecto de Carta Magna le dotan de “una institucionalidad débil que no garantiza un manejo profesional de la compañía”, aseguran en el sector petrolero.

El artículo 361 indica que YPFB “es una empresa autárquica de derecho público, inembargable, con autonomía e gestión administrativa, técnica y económica, en el marco de la política estatal de hidrocarburos”. Además, somete a la empresa a la “tuición del Ministerio del ramo”, pero con la facultad de “realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización”.

Además, el proyecto de CPE “sólo establece una modalidad de contratos” para que YPFB pueda suscribir, “contratos de servicios” petroleros. Esta medida es “limitante para todo desarrollo de proyecto y futuras sociedades”, indican en el sector.

En el artículo 362 “se autoriza a YPFB suscribir contratos, bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras”, pero al mismo tiempo especifica que las empresas ejecutarán en nombre y representación de la estatal “determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios”.

LEY DE HIDROCARBUROS Después de aprobada la nueva CPE en el referéndum del 2009, el Gobierno de Morales sancionará ágilmente las leyes sectoriales, entre las que se encuentra como una de las prioritarias la nueva Ley de Hidrocarburos que sustituirá a la actual 3058. La nueva norma deberá regirse en los principios que planteará la Carta Magna que será sometida a consulta popular el 25 de enero.

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