Fraudes agrarios retrasan el saneamiento de tierras del proyecto siderúrgico Mutún

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La Paz, (Erbol)
miércoles 14, enero 2009

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) denunció ayer martes la existencia de tres casos de fraudes agrarios que perjudican la conclusión del saneamiento de tierras en la zona donde se implementará el proyecto siderúrgico Mutún.

El Director Nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, indicó que las brigadas de saneamiento identificaron irregularidades en los predios “San Antonio”, “Campaña Grande”, y “Santana”, que suman 14 mil hectáreas.

“En este momento como institución ya estamos en la culminación del proceso de saneamiento, está área ha sido declarada como área de saneamiento el año 2000, en ese entonces COMIBOL pidió el saneamiento de manera equivocada, tenía que haber saneado 9.000 hectáreas y solo saneo 5.000”, indicó Rojas.

En el caso de los predios “San Antonio” y “Campiña Grande”, se sabe que es de propiedad de consorcio, que en un principio estaba conformado por el empresario de medios Osvaldo Monasterios y la Sociedad Ganadera Angolé S.A.

En este predio el INRA estableció el incumplimiento de la Función Económica Social (FES); ya que dicha sociedad no ha declarado la titularidad de la actividad ganadera, afirmó.

“El señor Osvaldo Monasterios recibió por dotación del Estado el predio San Antonio que presenta los siguientes fraudes que nos ha llevado a anular el proceso de saneamiento. En primer lugar pretenden acreditar actividad ganadera con ganado prestado, pretenden acreditar ganado con marca ajena”, señaló.

Indicó que a causa de las irregularidades presentadas en estos tres predios, el INRA ha dispuesto la anulación de los formularios de registro de la Función Económico Social.

“Hemos decidido anular los trabajos realizados por la empresa CONSULTER en estos tres predios y debemos hacer alguna valoración”, expresó.

El Director Nacional del INRA informó que los propietarios de la Sociedad Santa Ana, cuyo predio lleva el mismo nombre, ha impugnado esta resolución ante el Tribunal Agrario, lo que retrasará el saneamiento.

“Uno de los propietarios ya ha impugnado, no están aceptando que los notifiquemos a pesar que han presentado como domicilio Santa Cruz, no permiten que los notifiquemos, vamos a ir hasta Puerto Suárez, porque estos son los predios que van a impedir, que a través del saneamiento, se pueda entregar esta superficie de 6.000 hectáreas a la Jindal”, sostuvo.

Rojas anunció que a través del Código Minero vigente, se tramitará la expropiación de estos predios para facilitar la implementación del proyecto siderúrgico Mutún.

“La alternativa de que se tramite la expropiación de estos predios, serán por la vía del Código de Minería, estamos esperando una solicitud de certificación del estado actual de la propiedad de estos tres predios, para que la Empresa Siderúrgica del Mutún tramite la expropiación por esa vía y así podamos entregar a la empresa Jindal para que realice las inversiones comprometidas en el contrato”, aseveró.

Código de Minería

La Ley 1777, del Código de Minería, establece en los artículos 59, 60 y 61 lo siguiente:

De la expropiación

Artículo 59o. El concesionario que no llegue a un acuerdo con el propietario del suelo sobre el uso, aprovechamiento, precio o la extensión del terreno necesario para la realización de sus actividades mineras, podrá expropiar a éste, dentro o fuera del perímetro de su concesión, las superficies que requiera para erigir construcciones e instalaciones a que se refiere el artículo 34, en sujeción a los procedimientos establecidos en los Capítulos III y IV, Título III del Libro

Segundo de este Código.

Artículo 60o. La expropiación minera no requiere, en ningún caso, de declaratoria previa de necesidad y utilidad pública. A tal fin las construcciones, ingenios, plantas, instalaciones y vías de comunicación para la realización de actividades mineras son obras de interés público.

Artículo 61o. El propietario del suelo recuperará total o parcialmente el suelo expropiado cuanto todo o parte del mismo se destine a uso distinto de la actividad minera, o cuando no se haya hecho uso de él en el plazo de dos años a partir de la expropiación.

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