Hidrocarburos: YPFB consolida control total; prevén dificultades

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LIMITACIONES | Los analistas creen que la ineficiencia que muestra actualmente la estatal petrolera hace dudar sobre su capacidad con una mayor carga de funciones y responsabilidades; señalan que la total estatización del sector desincentivará la inversión extranjera necesaria para el desarrollo petrolero

Por: María Julia Osorio M.

PRODUCCIÓN. Explotación de hidrocarburos en un campo petrolero en el trópico de Cochabamba.

Diez artículos del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) están destinados a los hidrocarburos y gran parte otorga a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la tuición total de la cadena con participación privada sólo en la conformación de empresas mixtas o para la prestación de servicios.

Adicionalmente, la propuesta constitucional define la propiedad de los recursos naturales hidrocarburíferos, prioriza el mercado interno y descarta que las empresas privadas puedan recurrir a tribunales internacionales en caso de arbitrajes.

Analistas consideran que estatizar la actividad y dotar a YPFB de la responsabilidad completa puede traer ineficiencia a la actividad, sobre la que se basa la economía boliviana. Los argumentos se basan en las dificultades actuales de la estatal petrolera.

Para el Gobierno, si la nueva Constitución es aprobada los hidrocarburos no podrán ser privatizados y YPFB garantizará la producción y el abastecimiento interno así como la industrialización.

El artículo 359 del proyecto constitucional dice que “los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado”.

El analista del sector Carlos Miranda apunta, en un compendio editado por la Fundación Milenio, que la disposición en sentido de que todos los ingresos por las ventas de hidrocarburos son propiedad del Estado, hace prever que las transferencias a YPFB sean más difíciles y complicadas según el gobierno de turno.

“Como YPFB no cuenta con fuentes de fondos propios, ahora queda casi exclusivamente a expensas de los fondos del TGN. Como la disposición es constitucional, el poder cambiarla se torna en todo un problema político difícil de solucionar. Por lo tanto, es una disposición mortal para el futuro de YPFB”, añade.

Desincentivo

Los analistas también apuntan que el proyecto desincentiva la inversión privada con el establecimiento de contratos de servicio, menos rentables que los de operación y el establecimiento de que ninguna empresa extranjera que opere en Bolivia podrá interponer alguna acción ante un tribunal de arbitraje internacional.

El artículo 366 del proyecto constitucional dice: “Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas”.

El abogado Juan Cristóbal Urioste, en un análisis sobre los convenios internacionales para la protección de inversiones, dice que el efecto de todas las disposiciones de derecho interno respecto al desconocimiento de los tribunales extranjeros, que rijan en caso de ser aprobada la CPE, “no afectará los derechos y obligaciones adquiridos con anterioridad por la República de Bolivia, pero será un obstáculo insalvable para cualquier nueva inversión extranjera directa en Bolivia”.

Contratos

El proyecto de CPE indica en el artículo 362 que “se autoriza a YPFB suscribir contratos, bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su representación, realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios. La suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso pérdidas para YPFB o para el Estado”.

Miranda dice que “sin necesidad que esté explicitado, se hace evidente la intención que el capital privado no pueda intervenir en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos salvo en calidad de proveedor de servicios a ser remunerados en dinero”.

Y agrega que “el admitir solo la presencia de las compañías de servicio significa renunciar a la posibilidad de lograr el concurso de tecnología en la búsqueda y desarrollo de hidrocarburos, así como la inversión y elimina la posibilidad de compartir el riesgo exploratorio con una empresa petrolera, sea privada o estatal, pero transnacional”.

Minería: concesiones anuladas

El proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) pone fin definitivo a las concesiones mineras al reemplazarlas por contratos.

El artículo 370 del texto constitucional dice que “el Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley (…) El derecho minero en toda la cadena productiva así como los contratos mineros tienen que cumplir una función económica social ejercida directamente por sus titulares”.

La propuesta indica que los contratos deben satisfacer el interés económico social y en caso de incumplimiento se dará lugar a la resolución inmediata de los acuerdos.

Al contrario de lo establecido con los hidrocarburos, en el área de la minería la partición privada es importante.

Sin embargo, apunta el analista Rubén Ferrufino, “como en otras disposiciones del texto, se incorpora el concepto de función o interés económico social, sin que exista una orientación respecto al alcance de estos condicionantes de la propiedad y los derechos de los productores”.

INDUSTRIALIZACIÓN

La propuesta constitucional contempla la industrialización de los hidrocarburos. El artículo 363dice que “la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo y de YPFB, que actúa en el marco de la política estatal de hidrocarburos”.

YPFB podrá conformar asociaciones o sociedades de economía mixta para la ejecución de las actividades de industrialización así como exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de los hidrocarburos.

En el caso de la minería, “el Estado, a través de sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará políticas de administración, prospección, exploración, explotación, industrialización, comercialización, evaluación e información técnica, geológica y científica de los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero”.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

CONSTITUCIÓN VIGENTE

Artículos 138 al 139

Pertenecen al patrimonio de la Nación los grupos mineros nacionalizados como una de las bases para el desarrollo y diversificación de la economía del país, no pudiendo aquellos ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningún título. La dirección y administración superiores de la industria minera estatal estarán a cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que determina la Ley.

Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos.

La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de operación conjunta o a personas privadas, conforme a Ley.

PROYECTO CONSTITUCIONAL

Artículos 359 al 361

Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado (…)

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa autárquica de derecho público, inembargable, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, en el marco de la política estatal de hidrocarburos.

YPFB, bajo tuición del Ministerio del ramo y como brazo operativo del Estado, es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización. YPFB no podrá transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa o indirectamente.

OPINIONES CONTRAPUESTAS

A FAVOR

“YPFB logra más poder para operar”
Milena Hinojosa, Diputada por el MAS

Lo más destacado del tema hidrocarburos en el proyecto de Constitución es que bajo ninguna forma se va a poder entregar los hidrocarburos o dar bajo ningún contrato o modalidad en propiedad a empresas transnacionales. Hacer eso será un delito de traición a la patria por lo que nadie se va animar a firmar algún contrato.

Otro elemento importante es que en esta CPE se está creando la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos. Se está constitucionalizando para que iniciemos este año la industrialización del gas y precisamente vamos a empezar en Cochabamba con la planta de amoniaco y urea en Entre Ríos.

YPFB como una empresa autárquica está también en la nueva CPE después del ministerio de Hidrocarburos que es la cabeza del sector. YPFB va operativizar todos los proyectos y firmará los contratos.

Se le está dando la potestad para que pueda refundarse, pero en este caso con mucho más poder para que pueda entrar en lo que es la exploración y explotación de los hidrocarburos.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no podrá transferir sus derechos y obligaciones bajo ninguna modalidad a ninguna otra empresa; es la encargada de firmar los contratos que corresponden.

EN CONTRA

“Frena la inversión extranjera en el sector”
Ricardo Pol Achá, Ex asambleísta de UN

Respecto al tema de los Hidrocarburos consignados en el proyecto de nueva Constitución Política del Estado, en los artículos 359 al 368, Unidad Nacional, considera como puntos a destacar los siguientes:

YPFB participará de la gestión de toda la cadena productiva de hidrocarburos. Podrá suscribir contratos de servicios con empresas públicas, mixtas o privadas, previa autorización legislativa; la industrialización de los hidrocarburos estará a cargo de una empresa estatal.

Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado, no podrán recurrir en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas.

El proyecto desincentiva la inversión extranjera por efecto de la inseguridad jurídica que podría representar para las empresas el someterse a la justicia boliviana, renunciando a tribunales arbítrales internacionales.

La explotación de recursos naturales deberá hacerse previa consulta a la población afectada, la pregunta obligada es ¿qué sucederá si ésa población decide no autorizar? Preocupa la manipulación política o económica que se pueda ejercer a partir de los intereses que puedan existir.

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