Análisis de la propuesta de CPE

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Hidrocarburos
(Artículos 359-368)

El Art. 359 del Proyecto de Constitución Política (PCPE) del Estado, señala que los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado. Posteriormente, señala que ningún contrato, acuerdo o convenio, de forma, directa o indirecta, tácita o expresa, podrá vulnerar total o parcialmente lo establecido en el presente artículo. En el caso de vulneración los contratos serán nulos de pleno derecho y quienes los hayan acordado, firmado, aprobado o ejecutado, cometerán delito de traición a la patria. En esta sección hace falta la enunciación de los mecanismos de control que debería tener el Estado para impedir la vulneración de dichos contratos. Lo que se requería en este ámbito era la creación de institucionalidad y transparencia en las decisiones para que no dependan tanto de personas individuales.

De acuerdo al PCPE, el Estado es el que define la política de hidrocarburos (Art. 360). Interviene en la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) (Art. 361) así como también su industrialización a través de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) (Art. 363). Ambas empresas estatales pueden suscribir contratos y conformar asociaciones o sociedades de economía mixta. El problema en este ámbito es si ambas empresas tienen o tendrán capacidades de gestión y administración suficientes a fin de estar en pie de igualdad con el nivel de las empresas que inviertan en el área.

Como son empresas extranjeras las que se dedican a la actividad hidrocarburífera que requieren una elevada inversión y desarrollo tecnológico, el Art. 366 señala que todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas. Esto naturalmente no será aceptado por ninguna empresa internacional y, por lo tanto, es casi imposible que Bolivia sea atractiva para la inversión extranjera directa en este rubro.

Finalmente, se ha procurado que el PCPE señale con claridad el porcentaje de las regalías y su distribución. El Art. 368 establece que los departamentos productores de hidrocarburos percibirán una regalía del once por ciento de su producción departamental fiscalizada de hidrocarburos. De igual forma, los departamentos no productores de hidrocarburos y el Tesoro General del Estado obtendrán una participación en los porcentajes, que serán fijados mediante una ley especial. La pregunta es ¿por qué no fijar estos porcentajes de participación para los departamentos no productores si ya se han fijado el de las regalías para los departamentos productores?

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