Hidrocarburos y proyecto de Constitución

http://www.lostiempos.com/noticias/20-01-09/20_01_09_pv7.php

Por: Hugo del Granado Cosío

Quienes pretenden que el Estado asuma todas las responsabilidades y riesgos de la industria sólo conseguirán que los hidrocarburos permanezcan bajo tierra. La aprobación del proyecto de constitución no será otra cosa que constitucionalizar y reforzar un chaleco de fuerza

El sector de hidrocarburos ha sido el primero y, tal vez, es el único sector que ya ha sufrido los efectos de lo que serán las políticas económicas planteadas por el Proyecto de Constitución Política del Estado (PCPE) y del tratamiento que se darán a los recursos naturales y particularmente a los hidrocarburos.

Los problemas que enfrenta el sector, ampliamente difundidos por la prensa al tiempo que la población sufre sus efectos, son el producto de una política errática que ha provocado la ausencia y fuga de inversiones, el incumplimiento de los contratos de exportación y la caída en la producción que ha ocasionado, a su vez, el desabastecimiento del mercado interno, el incremento de las importaciones y el aumento de la capacidad ociosa de las refinerías.

La política de puertas cerradas contenida de principio a fin en el PCPE trasluce una peligrosa mentalidad provinciana que aislará a Bolivia de las corrientes económicas mundiales y profundizará el rezago en el que estamos sumergimos.

Después de tres años de gobierno, en los que se anuncia continuamente inversiones millonarias y proyectos espectaculares, la opinión pública, de manera unánime, coincide en que la política petrolera ha sido un fracaso porque ninguno de los planes propuestos ha sido concretado. La industrialización del gas para exportar valor agregado y no materias primas se ha reducido a la urgencia de producir más para abastecer el mercado interno. El cambio de la matriz energética de gas por líquidos marcha detrás del cambio de líquidos nacionales por líquidos importados. La posibilidad de convertir a Bolivia en centro distribuidor de gas en el Cono Sur ha sido remplazada por fuentes confiables de ultramar a miles de kilómetros de distancia. La refundación de YPFB no ha pasado de ser una consigna.

Una economía exageradamente estatista como la concebida en el PCPE que pretende dirigir, regular y controlar desde la producción hasta la comercialización tanto de bienes como de servicios en un esquema de planificación centralizada es una política económica de puertas cerradas que ignora los períodos de crisis y de auge que pudieran producirse en el mundo. Es además una economía encuevada y provinciana porque el Estado deberá preocuparse prioritariamente de proteger y promover las organizaciones económicas campesinas, asociativas de pequeños productores, de gremiales, de artesanos, de cooperativas y toda forma de economía comunitaria, en una época en que se ha asimilado que ningún país del mundo ha cimentado su desarrollo económico en este tipo de prioridades o de preferencias.

Sin embargo de lo anterior, en el análisis de los capítulos de recursos naturales y de hidrocarburos es donde se encuentran no solamente líneas conceptuales restrictivas, sino absurdos como aquel que sostiene que el espectro electromagnético es un recurso natural (Art. 348), que es más o menos igual a decir que el arco iris sería otro recurso natural. O, cuando emite el mandato de que los contratos que firme YPFB, en ningún caso deben significar pérdidas para YPFB o para el Estado (Art. 362). Bajo este curioso enfoque de cómo deben hacerse los negocios, quedará inútil y obsoleta la Ley Safco y varios principios económicos universales. Valdría la pena preguntarse si: ¿Habrá algún gerente o presidente de YPFB que se arriesgue a violar semejante mandato constitucional?

Es importante señalar que mediante este PCPE se pretende constitucionalizar las equivocadas medidas adoptadas y adicionar otras que hasta ahora han provocado el estancamiento de la industria petrolera.

Entre estas medidas se pueden señalar las siguientes:

— YPFB es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización (Art. 361). Esto es totalmente coincidente con los decretos supremos 29130 y 29229 que formulan requisitos insalvables a la inversión privada en el upstream.

— YPFB sólo podrá suscribir contratos de prestación de servicios (Art. 362 I). Este artículo es una condición restrictiva al ingreso de las empresas petroleras y significa que la iniciativa privada de riesgo está anulada porque las empresas sólo podrán ser contratadas para ejecutar los servicios que requiera la cadena productiva y no las actividades centrales de dicha cadena.

— En todas las sociedades que conforme YPFB debe tener una participación accionaria no menor al 50 más 1 por ciento del capital social (Art. 363 II). Este mandato está vigente desde el año 2007 y es la razón para que YPFB no haya podido conformar más que una SAM con PDVSA. Está demostrado que a las empresas privadas no les atrae la idea de tener a YPFB como socio mayoritario.

— A las empresas extranjeras no se les reconoce en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar arbitraje internacional (Art. 367). Esta disposición es una de las causas de la inseguridad jurídica por falta de garantías de tribunales imparciales, que ha ahuyentado las inversiones.

— El Estado debe asegurarse la reinversión en el país de las utilidades de sus contratistas (Art. 351 II). Esto significa que las empresas petroleras no podrán remitir libremente las utilidades que obtenga a sus casas matrices. Quienes elaboraron el proyecto de CPE, ¿habrán pensado que mediante este tipo de presiones las petroleras trasladarían sus casas matrices a Bolivia?

Por lo expuesto, queda demostrado que el PCPE no tiene las condiciones que posibiliten la liberación de las fuerzas económicas en Bolivia. Peor aún, en el sector de hidrocarburos ya se ha demostrado que la falta de libertad económica ha llevado al fracaso de estos conceptos. Quienes pretenden que el Estado asuma todas las responsabilidades y riesgos de la industria sólo conseguirán que los hidrocarburos permanezcan bajo tierra. La aprobación del proyecto de constitución no será otra cosa que constitucionalizar y reforzar un chaleco de fuerza.

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