YPFB desplaza a las empresas privadas de las redes de gas

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http://www.laprensa.com.bo/noticias/22-01-09/22_01_09_nego5.php

Sergas, de Santa Cruz, anticipa que el Estado deberá pagarle $us 3 millones

La estatal petrolera asegura que tiene la logística para hacerse cargo del servicio a partir de marzo.

Hasta el mes de marzo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desplazará a cinco empresas privadas de la distribución de las redes de gas domiciliario en todo el país.

El viceministro de Comercialización, William Donaire, informó que la decisión se enmarca en el mandato de la Ley de Hidrocarburos y el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), que estipula una mayor participación del Estado en la provisión de servicios.

El gerente nacional de Redes de Gas y Ductos, Luis Lavadenz, informó que la estatal se hará cargo de toda la red para marzo, tiempo que coincide con la finalización de los contratos de los operadores privados.

En la actualidad, el gas domiciliario en Santa Cruz está controlado por Sergas, en Cochabamba por Emcogas, en Sucre por Emdigas, en Tarija por Emtagas y en Monteagudo y Chuquisaca por Cosermo. Estos operadores privados administran las redes en esas zonas gracias a contratos de concesión de 20 años que les otorgó el Estado.

El presidente de Sergas, Óscar Aguirre, afirmó que se trata de un derecho preferente para YPFB de asumir la administración del servicio. “Si toma esa decisión es una cuestión legal que nosotros no podemos cuestionar”.

Sin embargo, recordó que, de acuerdo con el Reglamento de Distribución de Gas Natural, el nuevo adjudicatario del servicio tiene que pagar el valor residual de los activos a la empresa saliente. En Sergas, el monto es de tres millones de dólares.

Lavadenz informó que el contrato de esta compañía expira el 25 de febrero y adelantó que la empresa estatal está preparada para asumir su administración.

Recordó que mientras esta empresa tiene 5.000 conexiones, YPFB hizo 72.000.

“Fácilmente se puede ver que YPFB tiene capacidad técnica administrativa para hacerse cargo de las redes”.

La estatal tiene bajo su administración las redes de gas de La Paz, Oruro, Potosí, El Alto Charagua, Camiri, Camargo, Tarabuco y Villa Abecia.

El ex director de YPFB Fernando Vincenti señaló que un diagnóstico realizado hace siete meses concluyó que los operadores privados no habían expandido lo suficiente las redes de gas en sus centros de concesión.

Los servicios pasan al Estado

El proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) deja en manos del Estado la provisión de los servicios básicos, entre ellos la distribución de gas natural a los hogares, aunque el Gobierno aseguró que también se dejó abierta la posibilidad de operar a través de empresas privadas.

El artículo 20 del texto que irá a referéndum este domingo, en su párrafo II, señala: “Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social”.

El viceministro de Defensa Legal del Estado, Óscar Cámara, explicó que YPFB puede administrar las redes en forma directa, pero puede asociarse con empresas privadas. Agregó que lo primero que deben hacer las empresas privadas que tienen concesiones a partir de la vigencia de la nueva Carta Magna es entablar contactos con el Estado y discutir si sus contratos se adecuan al nuevo esquema legal. Para este fin, dijo, el proyecto del texto constitucional, en las disposiciones transitorias, señala que “en el plazo de un año desde la elección del órgano ejecutivo y legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones al nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos”.

Más datos

La Superintendencia de Hidrocarburos señala que existen 112.295 usuarios en Bolivia.

En 1998 sólo estaban conectados a la red 6.096 usuarios en todo el país.

La ciudad de Tarija es la que tiene la mayor cantidad de domicilios con el energético.

El nuevo texto constitucional entrará en vigencia si es aprobado en el referéndum.

La norma establece un año para la adecuación de contratos y concesiones a empresas privadas.

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