Santos Ramírez no despeja dudas y Evo lo defiende

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Investigación. La propia viceministra de Transparencia dijo que YPFB no le entrega documentación ni despeja sospechas de irregularidades en un contrato con la empresa del asesinado Jorge O’Connor

Marco Chuquimia. La Paz

La Superintendencia de Bancos y la Unidad de Investigaciones Financieras serán las encargadas de rastrear el movimiento económico del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y al mismo tiempo revisarán las transacciones de la empresa Catler Uniservice en las entidades financieras donde tiene cuentas. Además, la viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, aseguró que el titular de YPFB no ha despejado las dudas en su contra, que todo el día de ayer esperó en su oficina a que Ramírez le lleve la documentación del caso, como éste se había comprometido.

También se confesó decepcionada de la actuación del Ministerio Público, porque el fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, tenía las mismas denuncias de irregularidades y no las investigó.

Ayer, Ramírez dio una conferencia de prensa en la que se desvinculó de los familiares de su esposa, la diputada suplente del MAS Giovanna Navia Doria Medina, con quien se casó el 7 de enero. Javier René Navia Doria Medina y Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina, hermano y primo de la esposa de Ramírez, estuvieron en la escena del crimen donde el 27 de enero asesinaron a Jorge O’Connor D’Arlach para robarle $us 450.000 que supuestamente llevaba a la casa de uno de ellos para pagar un soborno al titular de YPFB, por la construcción de la planta de gas de Río Grande, según la oposición.

“Yo no tengo por qué asumir la responsabilidad de otras personas, peor no siendo mis parientes. Yo he contraído un matrimonio con mi señora esposa y no he contraído con los hermanos”, aseguró.

Sin embargo, admitió que su cuñado Juan Carlos trabajaba en el departamento de comunicación de YPFB y que lo retiró después del matrimonio, hace menos de tres semanas; sin embargo, negó cualquier parentesco con los hermanos Córdova, que son sindicados como autores intelectuales del crimen y puso un requisito para ser su pariente: “mínimamente tendrían que hablar quechua”.

Pese a los indicios que ligan a Ramírez con presuntos hechos de corrupción, el presidente de la República, Evo Morales, aseguró que no creía que el presidente de YPFB esté involucrado, pero pidió que sea investigado. “Yo lo conozco al compañero Santos Ramírez, no creo, dudo de estas acusaciones, pero está para investigación. No porque es un compañero Santos Ramírez, fundador de un instrumento político, puede ser tapado”, dijo Morales.

Añadió que la oposición ha calumniado a otros ex presidentes de la estatal petrolera, pero admitió que finalmente “nadie puede dar su cabeza por nadie”, reflexionó.

Sin embargo en la cautelar de los presuntos homicidas de O’Connor surgieron datos que ligan cada vez más a Uniservice con Yacimientos. Se conoció que un ex asesor del actual superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, era regente regional de Uniservice en la Paz. Se trata de Mario Ángel Cossío McGalem, que acompañó a O’Connor a hacer los retiros del Banco Unión y cobró un cheque por un valor de $us 150.000. El occiso retiró $us 300.000.

El senador Carlos D’Arlach (tío del infortunado) afirmó que Cossío fue uno de los principales asesores del actual superintendente cuando era presidente de YPFB y que luego se fue a la Superintendencia de Hidrocarburos con él. Aruquipa es uno de los hombres de confianza de Ramírez y fue su asesor desde antes que el MAS asuma el poder. En 2006 fue oficial mayor del Senado, durante la presidencia de Ramírez.

De allí saltó al viceministerio de Hidrocarburos, luego a la presidencia de YPFB y finalmente a ‘Súper’ de Hidrocarburos, siempre con el aval y respaldo de Ramírez.

Cossío, junto con Luis Fernando Córdova, Jorge y Miguel O’Connor retiraró el dinero y se dirigió hasta el domicilio del pariente político de Ramírez Gonzalo Aramayo. Allí fueron interceptados por atracadores, que le dispararon a O’Connor. Cossío llevaba el maletín con el dinero. Lo tiró cuando escuchó el disparo y salió corriendo.

Cuatro personas, enviadas a la cárcel

Ayer, los acusados de asesinar a Jorge O’Connor, Rufino Rodríguez Coca, Franz Rodríguez Caero, Ernesto Córdova Santiváñez y Verónica Mamani, fueron remitidos a la cárcel por decisión del juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, que encontró peligro de obstaculización de justicia y riesgo de fuga.

La autoridad judicial sin embargo, recomendó a los fiscales que están a cargo del caso ser más objetivos, ya que los investigadores habrían cometido varias arbitrariedades

Los cuatro sospechosos están acusados por el Ministerio Público de la presunta comisión de tres delitos penales: asesinato, robo agravado y asociación delictiva.

Durante la cautelar se conoció que quien disparó contra O’Connor fue Rodríguez. La Fiscalía determinó convocar a más personas a declarar, entre ellos los parientes políticos de Santos Ramírez. Hay una lista de 14 testigos clave, entre los que no está el titular de YPFB. El fiscal de distrito, Jorge Gutiérrez, aseveró que la autoridad será convocada a declarar, pero no precisó la fecha.

Aunque los fiscales esperaban lograr un acuerdo para juicio abreviado contra Franz Michael Rodríguez Caero, el acuerdo se cayó. Rufino Rodríguez, además, se retractó de la declaración que firmó en Cochabamba y aseguró que fue torturado para que firme un papel en blanco. Añadió que no conoce a los Córdova Santiváñez.

Córdova pide investigar los desembolsos

El principal acusado de la muerte de Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, Ernesto Córdova, dijo que es necesario que los medios de comunicación puedan acceder al movimiento económico que realizaron los ejecutivos de Catler Uniservice, porque no era la primera vez que sacaban esa cantidad de dinero del banco.

Desde una celda, amenazó con revelar ‘a quién estaba dirigido el dinero’ si se insistía en acusarlo a él y a su hermano del atraco y negó cualquier vínculo familiar con el presidente de YPFB, a quien dijo conocer sólo a través de los medios.

Respecto a los documentos sobre empresas que fueron encontradas en su departamento, señaló que se trata de proyectos que él y su hermano iban a desarrollar ‘más adelante’ y que no eran ‘nada importante’.

Asimismo, aseveró que los celulares, pasaportes, cédulas de identidad
y tarjetas de crédito que fueron encontrados en su negocio eran ‘prendas’ que dejan sus ‘clientes’ cuando no tienen dinero para pagar la cuenta. Los hermanos Córdova son propietarios de varios prostíbulos en la ciudad de La Paz y son conocidos por esa actividad.

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