Distribuidores esperan suministro eficiente de YPFB y están optimistas

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La Asociación de Estaciones de Servicio Privadas y los distribuidores de GLP, reconocen que YPFB desarrolla de forma “planificada” la entrega de combustibles. Sin embargo, esperan que YPFB garantice el abastecimiento permanente.

Las estaciones de servicio y las empresas distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) esperan que el traspaso de la refinería “Gualberto Villarroel” a manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) permita optimizar el sistema de distribución y comercialización de combustibles en la región.

Aunque aseguran que el cambio de administración en la refinería no ha alterado la dinámica de distribución de los energéticos, sí se muestran optimistas de que la toma de control de la planta procesadora de Valle Hermoso, le permita a YPFB garantizar un suministro eficiente y evitar eventuales crisis de abastecimiento.

En todo caso, la Superintendencia Regional de Hidrocarburos ha dado cuenta de que el mercado local está satisfactoriamente atendido con gasolina, diesel oil y GLP, salvo algunos requerimientos provenientes de la región del trópico.

El titular de la Superintendencia Regional, Gonzalo Carrasco, manifiesta que en sus inspecciones regulares a las estaciones de servicio se ha podido constatar que existen los cupos necesarios para satisfacer los niveles actuales de consumo.

Carrasco indica, asimismo, que la distribución de GLP se viene desarrollando con bastante normalidad, incluso a pesar de las dificultades propias de la adaptación a la nueva modalidad zonificada y por rotación de venta del producto.

Advierte que la entrada en vigencia del Decreto Supremo 29258, que establece sanciones drásticas para el tráfico ilegal de combustibles, contribuirá en gran medida a optimizar los mecanismos de distribución de combustibles, siempre pensando en el beneficio de la población consumidora.

Gasolina y diesel

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Privadas (Asespri) de Cochabamba, Édgar Delgadillo, manifiesta que el cambio de mando en la refinería Gualberto Villarroel no ha alterado en absoluto el proceso de distribución de carburantes, que, desde julio del año pasado y en virtud al Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos, corre a cargo de YPFB.

Delgadillo aduce que el Decreto Supremo de Nacionalización le confiere a YPFB la responsabilidad exclusiva del mayoreo de combustibles, una tarea que viene cumpliendo con bastante normalidad desde julio del año pasado.

De hecho, asevera que las estaciones de servicio esperan que se mejore la distribución de carburantes, con el traspaso de la refinería de Valle Hermoso a YPFB incida positivamente sobre el proceso de distribución de carburantes, habida cuenta que la estatal petrolera tendrá mayor libertad para disponer de los volúmenes de combustibles refinados a ser puestos en el mercado.

En criterio de Delgadillo, en lo sucesivo YPFB ya no se verá en la necesidad de depender de Petrobras para abastecerse de los líquidos refinados en la refinería que deben ser distribuidos al por mayor en las estaciones de servicio de la región.

“Con seguridad que la situación va a mejorar, porque, antes, YPFB, como mayorista, dependía de la empresa refinadora Petrobras para abastecerse de los carburantes; en cambio, ahora ya no habrá riesgo de ocultamiento o desvío de los combustibles”, dice.

Sostiene que, en tanto YPFB opere bajo la actual dinámica de planificación y distribución de los energéticos, el mercado no debería verse afectado por ninguna crisis de abastecimiento, salvo por eventos extraordinarios (como bloqueos o deficiencias en los sistemas de producción y transporte).

Nueva normativa

Apunta que la puesta en vigencia del Decreto Supremo 29258, que prohíbe y sanciona el comercio ilícito de carburantes, contribuirá también a garantizar una provisión normal de los hidrocarburos en el departamento y en todo el país.

“Con el nuevo decreto lanzado por el Poder Ejecutivo, ahora hay un control riguroso del proceso de distribución de los productos, desde la salida de las plantas hasta la llegada a los surtidores y sobre la misma comercialización en los surtidores”, enfatiza.

Aclara, en todo caso, que la comercialización ilícita y el contrabando de combustibles nunca ha llegado a ser un problema grave en Cochabamba, que, por lo general, goza de volúmenes suficientes de diesel oil y gasolina para abastecer la demanda real del mercado.

“Afortunadamente, por la posición geográfica de Cochabamba, es bastante difícil que sea un lugar propenso al contrabando, que normalmente se da en las fronteras”, explica.

Delgadillo explica que la cercanía de la refinería “Gualberto Villarroel” contribuye en gran medida a garantizar un aprovisionamiento eficiente de la demanda del mercado regional.

Indica que así se explica que, a lo largo del pasado año, hayan sido mínimos los problemas de escasez de gasolina y diesel registrados en el departamento, y atribuye a problemas específicos de los surtidores las quejas de déficit de los combustibles.

Coordinación

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Privadas (Asespri) de Cochabamba, Édgar Delgadillo, reconoce que YPFB ha demostrado en este año que dispone del personal suficiente para asumir con eficiencia las labores de distribución al mayoreo de los combustibles.

Indica, además, que la estatal petrolera coordina permanentemente con la Asespri las tareas inherentes al proceso de mayoreo de gasolina y diesel, procurando evitar eventuales dificultades de suministro.

Dice que esta dinámica de coordinación ha funcionado bastante bien y ha asegurado una provisión regular de los carburantes, con la salvedad de algunos problemas de desfase en los días de fin de semana, que fueron subsanados con el paso de los meses.

“El sistema de distribución no ha variado al hacerse YPFB cargo del mayoreo, y eso ha evitado mayores problemas, por lo que creemos que con Yacimientos está garantizado el abastecimiento (de los combustibles)”, señala.

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Ahora YPFB tiene en sus manos el GLP y el abastecimiento a la población

Los repartidores asociados de GLP consideran que ahora, YPFB tiene a su disposición todo el GLP producido en Cochabamba y que por tanto cuenta con mayor capacidad para garantizar el abastecimiento a la población.

El cambio de administración en la refinería “Gualberto Villarroel” tampoco ha incidido en el proceso de distribución de GLP, que se viene desarrollando de forma regular, siendo una muestra de ello la ausencia de denuncias de escasez, salvo las suscitadas la semana pasada por un conflicto particular de los conductores de camiones “garraferos”.

El representante de la Cámara Departamental de Distribuidores de GLP, Alfredo Torrico, asegura que el traspaso de la refinería a manos de YPFB no ha entorpecido las labores de entrega del combustible doméstico, por el contrario, tendería a facilitarlas. Y en adelante se espera que YPFB garantice totalmente el abastecimiento a los hogares cochabambinos.

Torrico apunta que, con la salvedad del paro de los conductores comisionistas de la anterior semana, la venta del producto ha estado funcionando eficientemente, y prevé que esta dinámica se mantenga a lo largo del tiempo.

Aclara que ni siquiera las recientes modificaciones aplicadas sobre el sistema de distribución, que desde este mes opera de forma zonificada y rotativa, han alterado significativamente la comercialización de GLP.

El cambio de administración en la refinería no ha supuesto tampoco mayores modificaciones sobre el sistema de engarrafamiento, que continúa a cargo de varias empresas además de YPFB, siendo éste otro factor que ha permitido mantener inalterable la comercialización de GLP.

Pese a que YPFB tiene exclusividad en la producción del combustible, debe compartir las labores de engarrafamiento con otras tres empresas (Repsol con dos plantas, Pecagas, Rockygas) distribuidas en diferentes provincias del departamento a fin de facilitar la entrega y distribución.

Evitar escasez

Torrico advierte que YPFB está ahora en condiciones de evitar eventuales crisis de abastecimiento, pues tiene a su disposición los volúmenes de GLP producidos en la planta refinadora de “Valle Hermoso” y no depende más de la voluntad de Petrobras.

Anticipa que el riesgo de escasez de GLP por eventos extraordinarios también se verá reducido en esta nueva etapa, pues YPFB tendrá mayor margen de acción para manejar crisis de abastecimiento como la ocurrida entre marzo y abril pasados por el cierre de la carretera nueva a Santa Cruz.

Aduce que, en caso de registrarse una situación similar, YPFB bien podría recurrir a las reservas de GLP de la refinería y no depender del producto que llega desde los campos del trópico, como sí lo hacía Petrobras.

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Prode: planificación de producción y demanda

El Superintendente Regional de Hidrocarburos, Gonzalo Carrasco, explica que la dinámica del sistema de planificación del Prode (Producción y Demanda) le permite a las autoridades estatales prever con anticipación eventuales riesgos de desabastecimiento en cualquiera de los combustibles de consumo masivo.

Apunta que los análisis mensuales del Prode sirven para realizar una proyección sobre el comportamiento del mercado hidrocarburífero durante los tres meses venideros, en función a los registros de producción y demanda de combustibles con que se cuenta en el momento de la planificación.

“Así, si se prevé una demanda por encima de la capacidad productiva del país, entonces, se tiene el tiempo suficiente para ver si hay necesidad de realizar importaciones de productos”, dice, enfatizando que “lo fundamental es que el mercado interno esté abastecido”.

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PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

* Faltando unos 15 días para el nuevo mes, se reúnen los integrantes del Prode (productores, refinadores, transportistas y comercializadores de combustibles) para determinar los volúmenes disponibles.
* En la reunión del Prode se realiza la distribución de cupos de combustibles para cada Distrito (región), y los volúmenes que corresponden a cada surtidor.
* La compra de los combustibles se la efectúa a través del sistema bancario: los comercializadores depositan el monto correspondiente a su cupo en el banco y con el recibo bancario y la factura por la compra se trasladan a la refinería para recoger los carburantes.
* Una vez emitida la factura, los camiones cisternas de los surtidores demoran unos 30 minutos en salir de las instalaciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana con destino a las estaciones de servicio.
* En todo el departamento existen unas 70 estaciones de servicio, algunas de las cuales comercializan sólo gasolina; otras gasolina y diesel (afuera de la ciudad); otras gasolina, diesel y GNV (afuera de la ciudad); otras gasolina y GNV (los del centro de la ciudad).
* Para el GLP, la dinámica de planificación del Prode es similar a la de la gasolina y el diesel, permitiendo la asignación de cupos para los diferentes distritos y, al interior de éstos, para cada empresa distribuidora.
* Asignados los cupos, cada empresa debe depositar diariamente -en efectivo o mediante cheque- el monto que le corresponde cancelar en el sistema bancario.
* A primera hora de cada día, las empresas recogen de las distintas engarrafadoras con sus camiones los volúmenes asignados por el Prode para la jornada.
* En todo el departamento, existen unas 28 empresas distribuidoras de GLP que tienen a su cargo aproximadamente 250 camiones de venta.

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CUPOS PARA COCHABAMBA

* Cochabamba tiene asignado un cupo aproximado de entre 15.000.000 y 16.000.000 de litros de diesel oil por mes, un volumen que apenas se ve modificado en función a la planificación realizada por el Prode (Sistema de planificación de producción y demanda).
* En lo que respecta a gasolina, el departamento tiene por mes una asignación de 6.000.000 de litros, un cupo que se ha mantenido a lo largo del último año con variaciones mínimas.
* En cuanto a GLP, el departamento tiene asignado un volumen aproximado de 150 toneladas métricas diarias de GLP (equivalente a 15.000 garrafas), el cual varía en función a la demanda, en especial, en los meses de invierno que se llega hasta las 17.000 garrafas.

«Muchos de Bolivia tendrán un empleo». Vikrant Gujral | Vicepresidente internacional y presidente de la subsidiaria Jindal Bolivia

http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-07-22/vernotaeconomia.php?id=070721193932

El hombre fuerte de la siderúrgica india Jindal Steel & Power dice que Mutún es como ‘un parto’ porque después que nace el niño, necesita alimentación, hay que cuidarlo y ayudarlo. Revela que tuvo fuertes ‘impasses’ con ministros y con el vicepresidente

Seguridad. Gujral apuesta por la creación de empleos y millonarias inversiones, sin embargo, demanda el apoyo decidido del Gobierno, de la Prefectura y de la población. Ayer realizó un viaje a India

Hilton Heredia García

La firma del millonario contrato entre el Gobierno y la empresa india Jindal Steel & Power para la explotación de hierro del megayacimiento Mutún en la localidad fronteriza de Puerto Suárez, impactará en la economía del país, puesto que habrá una inyección de recursos en ocho años de $us 2.100 millones, lo cual la convierte en la inversión más grande en el territorio nacional, aseguró en una entrevista con EL DEBER el vicepresidente internacional de la siderúrgica y a la vez presidente de Jindal Bolivia, Vikrant Gujral.

Cuando eran las 11:05 del pasado viernes y a 36 horas de haberse firmado el acuerdo definitivo con el Gobierno y la Empresa Siderúrgica de Mutún (ESM), Gujral nos recibió en su despacho del 4to. piso del edificio 3M ubicado en el cuarto anillo del residencial barrio Equipetrol Norte. Sentado en un sillón de cuero, una foto personal con una vela y acompañado de su traductora, el ejecutivo no disimuló su satisfacción por el contrato y adelantó que viajará a la India a tomarse unos tres días de descanso y posteriormente aprobará el plan de inversión y el cronograma de trabajo a realizar en la futura ciudad del acero.

– Tras la firma del acuerdo, ¿hay plena satisfacción de la empresa?
– Sí, pero el término felicidad no es quizás el más adecuado. Falta mucho trabajo por realizar y hay que ver que el proyecto sea aprobado por los diputados y senadores. No por nada he viajado junto a una comisión técnica más de 40 veces a Bolivia.

– Sin embargo, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, ha garantizado su aprobación en el Congreso Nacional; ¿esto no los deja tranquilos?
– De alguna manera sí, pero ahora siento que estoy bajo presión. Me siento responsable de todo el proyecto y lo que necesitamos es empezar el trabajo para cumplir las expectativas de todas las personas. Mucha gente me ha pedido fuentes de empleo y esperan mucho de la empresa, por lo tanto, es un enorme desafío y compromiso.

– Tengo entendido que usted ha estado durante dos meses en Santa Cruz y La Paz encabezando las negociaciones con el Poder Ejecutivo y ahora anuncia un viaje a la India ¿Obedece a ‘armar’ el plan de inversiones y el cronograma de trabajo que se desarrollará en Puerto Suárez?
– Correcto. Mi visita a la India responde a una estrategia de la empresa para delinear las políticas a adoptarse en los próximos 90 días. Tenemos que conversar y discutir con el directorio en relación a los temas financieros y técnicos. Nuestro equipo en Bolivia también trabajará en el asunto. Vamos a mantenernos en contacto diariamente y las decisiones que sean las enviaremos desde nuestro país a través de fax o Internet.

-Se habla de que el contrato que suscribieron para explotar Mutún supera con beneficios millonarios a los efectuados durante la capitalización en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, esto por sus planes de inversión, régimen impositivo, transparencia, sujeción a las leyes nacionales e industrialización. Además se menciona que ustedes serán los empresarios más importantes del país. ¿Realmente se invertirán 2.100 millones de dólares en ocho años y qué avances contempla el plan de inversiones?
– Sí. Después de que el contrato sea notariado en 90 días a partir de la aprobación en el Congreso, nosotros debemos presentar un plan de inversiones anualmente. Ahí colocaremos el tema de la instalación de la planta y todo el cronograma a desarrollar a partir de 2008. Todo este programa debe ser aprobado por la junta directiva de Jindal. Nosotros somos una empresa privada pública y tenemos un directorio encabezado por el señor Navil Jindal que es quien finalmente avala los programas. Le reitero, nosotros no estamos dispuestos a perder la oportunidad de ser parte del desarrollo de la industria del hierro y del desarrollo económico de Bolivia, por ello cumpliremos los compromisos asumidos para que el proyecto sea un éxito.
Le aclaro a la población que no es fácil establecer una planta de acero, por lo que cada paso que se dé en este histórico desafío deberá ser cuidadosamente planificado para triunfar.

– El presidente Evo Morales y el equipo negociador del Gobierno revelaron que las negociaciones fueron duras. Según usted ¿cuáles fueron los puntos más complicados y las grandes diferencias entre el primer pliego y sobre el que se suscribió el contrato?
– Efectivamente, las negociaciones fueron difíciles y tuvimos que conversar y discutir a nivel técnico, legal y financiero. Es que un contrato como éste, en el que se invierten demasiados recursos, es complicado. Los puntos más difíciles fueron el precio del gas, las boletas de garantías, impuestos y la construcción de la planta. El grupo del Gobierno cuidó los intereses del pueblo y nosotros cuidamos los intereses de la empresa. Al final logramos un compromiso y aceptación mutua. Aquí ambas partes están en una posición de ganancia, no puede ser que una parte gane y la otra pierda, entonces no habría proyecto. En síntesis le puedo asegurar que el Estado recibirá el 50% de las ganancias.

– ¿Qué ministros o autoridades fueron los más ‘duros’ al momento de las negociaciones?
– Mejor no toquemos el tema…

– Pero se habla de que el proyecto estuvo a un paso de fracasar por la intransigencia de algunas autoridades…
– Bueno, por supuesto, pero el ministro de Minería jugó un papel preponderante en la firma del acuerdo, él fue el coordinador de las negociaciones. Tuvimos discusiones fuertes con varios, entre ellos principalmente con el de Hidrocarburos, Hacienda y Minería. Por ello, el Gobierno creó una comisión interministerial. Mire, además tuvimos discusiones con el vicepresidente Álvaro García y con algunos abogados, pero al final logramos el contrato y todo salió bien balanceado y dentro del marco del respeto.

– El Estado habla del pago de $us 200 millones por concepto de impuestos y regalías. ¿A cuánto ascenderán las utilidades para Jindal?
– Existen las estimaciones pero basadas bajo ciertos supuestos, ello depende de los precios internacionales de los minerales y principalmente del acero, además de los precios del gas. La operación real tendrá efectos recién en cuatro o cinco años.
Por ahora, hablar de las utilidades es muy adelantado. Lo que sí le puede decir con seguridad es que el Estado boliviano percibirá sus 200 millones de dólares anualmente por impuestos.

– La generación de empleos causa expectativa en Bolivia. ¿Jindal dará prioridad a los trabajadores de Puerto Suárez y Santa Cruz?
– La empresa prevé generar 6.000 empleos directos y 10.000 indirectos, pero esto cuando que la planta esté debidamente equipada. La gente debe comprender que al comienzo habrá bastante movimiento, así que muchas personas de toda Bolivia van a obtener un empleo. El negocio mueve al transporte, servicios, construcción, líneas aéreas y otros sectores. Realmente habrá un efecto multiplicador. El 95% serán trabajadores bolivianos.

– ¿Y la gente del occidente?
– Tenemos que trabajar en detalle sobre la mano de obra del occidente, pero primero hay que consolidar el contrato. Inicialmente la gente será de esta región y posteriormente vamos a traer gente especializada de la India. Tenemos profesionales capaces y con experiencia que montarán la planta. Lo más importante, es que crearemos muchos empleos.

– Se habla de que Jindal prestará asistencia médica e infraestructura en Puerto Suárez. ¿Cuándo se hará este aporte?
– Vamos a proveer ambulancias, un equipo de rayos X para el hospital de Puerto Suárez, mesas de operaciones, cortinas, sábanas y otros implementos para ese nosocomio. Nos hemos encontrado con un hospital bastante pobre, y por lo tanto tenemos que ayudar.
También dotaremos de 12 computadoras y un laboratorio, entre otras cosas a los municipios de Puerto Quijarro y el Carmen Rivero Tórrez.
A los chicos vamos a regalarles pelotas de fútbol. Nosotros estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de las personas en torno a todas esas áreas. Si las personas de esos municipios alrededor nuestro están felices, van a estar más satisfechas de trabajar en la empresa y la planta siderúrgica estará bien.
Les he expresado a los pobladores de toda esa región que consideren el proyecto como suyo y que piensen que son los verdaderos propietarios de Mutún.
Para edificar un proyecto gigante se requiere del apoyo de todos, del Gobierno, la Prefectura, la población, pero lo más importante es la ayuda del pueblo donde se desarrollará la obra. Este acuerdo es como un parto, porque después que nace el niño necesita alimentación, cuidado y mucha ayuda de quienes son responsables del recién nacido.

– A partir de ahora, el permiso ambiental se presenta quizás como el de mayores problemas. ¿Cuándo se comenzará a trabajar en este tema?
– Ya hemos comenzado a trabajar y estamos coordinando con las autoridades gubernamentales. Para ello, instalaremos nuestra oficina principal en Puerto Suárez y pensamos adquirir un terreno en esa localidad.
Las instalaciones de Santa Cruz serán de coordinación con el Gobierno y con autoridades locales.

Perfil
Un hombre dedicado a siderurgia

Vikrant Gujral (64), casado, tiene dos hijas y una nieta que se encuentran en Delhi.
Se graduó con matrícula de honor en ingeniería mecánica de la universidad de Jabalpur de la India.

Comenzó su carrera con Indian Iron y Steel Company como aprendiz de la gerencia en el departamento mecánico y luego ascendió como director.

Posteriormente, el ejecutivo ensambló la siderúrgica JSPL y fue vicepresidente en 2001. Bajo su dirección las nuevas unidades no sólo se estabilizaron en producción sino que demostraron las mejoras marcadas en índices de producción y de productividad, con lo cual se convirtió en la planta de acero más grande de ese país.

En la actualidad es el segundo hombre principal de la Jindal en la India y es presidente de la subsidiaria Jindal Bolivia.

Tiene amplia experiencia en mantenimiento, proyectos y operaciones en plantas de acero, por lo que se considera un hombre del acero. Hasta el momento trabajó más de 40 años en la industria siderúrgica.

En 1993 obtuvo la excelencia de Rajiv Gandhi por su contribución valiosa a la industria de acero de India.

En 1994 el instituto internacional NRI le confirió la concesión internacional de la India y en 1998 el instituto indio de los metales le dio la medalla de oro de ‘Tata’ referente a las industrias metalúrgicas por su aporte significativo al adelanto de la ciencia, artes y tecnología. Ahora, su principal proyecto es despertar ‘al gigante de hierro dormido’ Mutún.

Una nacionalización en vilo

http://www.energypress.com.bo/Bolivia/3.htm

Edición 353 – 16/07/2007

Brasil requerirá pronto los 30 MMmcd, debido al invierno y a unos juegos olímpicos que se desarrollarán en Mato Grosso do Sul.

Por: Ana Delicado Palacios

>> La República (España)

De todas las medidas que decidió emprender Evo Morales al llegar a la presidencia, la más cuestionada y la que más atención mediática recibió fue la nacionalización de hidrocarburos de Bolivia. Un año después, los nuevos contratos que el Gobierno ha firmado con las transnacionales petroleras han dejado en evidencia que ni la toma de la propiedad de los recursos ha sido tan radical, ni el perjuicio a las multinacionales tan contundente.

El revuelo que suscitó la victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales de Bolivia vino a convertirse en un júbilo exaltado de los movimientos de izquierda cuando éste anunció la nacionalización de los hidrocarburos. Sectores más comedidos, sin embargo, volvieron sus ojos con recelo y suspicacia a un país que parecía adentrarse con un entusiasmo inusitado en la senda que Hugo Chávez había abierto para desasosiego de gran parte de la comunidad internacional.

Semejante noticia fue entendida como un varapalo para las multinacionales allí afincadas, dado que el Estado se preparaba para recuperar «la propiedad, la posesión y el control total y absoluto» de los recursos hidrocarburíferos del país, como así quedó establecido en el Decreto de Nacionalización 28701 de mayo de 2006. Muchos gobiernos, preocupados por lo que consideraban una usurpación de los intereses de las transnacionales, se ayudaron de los medios de comunicación y estos de ellos para aunar voces contra lo que parecía una medida disparatada de un populismo aún más irracional.

Fue cuestión de tiempo que el estado de nerviosismo fuera de a poco derivando en una acritud tranquila a la hora de hablar sobre el presidente y sus presuntos desmanes, de tal modo que las compañías petroleras, para muchos víctimas del proceso de nacionalización, acabaron firmando los nuevos contratos. Pocos se preguntaron en qué condiciones se firmaron los convenios y qué establecía en realidad el Decreto de Nacionalización por el que la propiedad de los recursos pasaban a manos de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El motivo esencial por el que las empresas petroleras han accedido a firmar los acuerdos desvela que siguen teniendo a su disposición áreas exclusivas de operación, así como derechos de exploración por un plazo de 30 años. Las condiciones vienen definidas por dos tipos de cláusulas. Unas se enmarcan en los Contratos de Servicios, por las que YPFB no asume los costos de las multinacionales en terrenos de exploración a no ser que en estos haya una explotación comercial de los hidrocarburos. En ese caso, los derechos de las multinacionales quedan reconocidos en un contrato de cooperación. Según Pablo Poveda, investigador experto en hidrocarburos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), con los contratos de operación lo que hace el Estado es asumir «todos los riesgos de inversión, facilitando el negocio a las petroleras».

¿Qué se consigue con estos contratos? De entrada, se desalienta a las empresas petroleras a realizar exploraciones en áreas en donde no se ha descubierto la producción, ya que resulta mucho más práctico explotar zonas en donde la existencia de reservas es segura. «Para futuras nuevas inversiones, los contratos de operación presentados son totalmente desventajosos para las empresas, por lo que se espera que no existan mayores inversiones en exploración si no se cambian las actuales condiciones», precisaba Poveda. Un contrato de servicios, además, es susceptible de transformarse en uno de operación, pero éste no se responsabiliza de los gastos de exploración previos a la firma del nuevo acuerdo. Así se entiende que en abril de este año el Congreso aprobara por fin los 44 Contratos, todos de operación, que Evo Morales había suscrito en octubre del año pasado con 12 petroleras.

Estos últimos convenios han sido objeto de sospecha desde que en los anexos de los documentos firmados se transforman en contratos de producción compartida. Pablo Poveda los explicaba así: «Los contratos firmados son contratos de operación, pero incluyen modalidades de riesgo que están en los contratos de producción compartida (amortización de inversiones por exploración), y de asociación (reembolso de inversiones por explotación)». Las multinacionales, en virtud de un cúmulo de costes recuperables no pagados con anterioridad, pasan a tener parte de la propiedad del gas y del petróleo como retribución a sus inversiones.

COSTES RECUPERABLES

Lo que sin duda merece especial atención son, precisamente, estos costes recuperables, que algunos expertos han criticado de indulgentes hasta el paroxismo. Los nuevos contratos hacen al Estado receptor del 50% de los ingresos percibidos por la producción de los hidrocarburos, divididos en un 18% en concepto de regalías y participaciones y un 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), como así le corresponde por ser dueño de los recursos naturales. Del otro 50%, que como precisaba Poveda «corresponde a costos y a las utilidades y participación para YPFB», se restan los costes recuperables, de modo que cuanto mayores sean las inversiones y los volúmenes de producción de las petroleras, menos será el beneficio que perciba YPFB.

Conscientes de ello, no es extraño que las multinacionales estiren al máximo esos costes, que bajo los contratos de operación cubren, para sorpresa de muchos, los 25.000 dólares de salario mensual que cobran los directivos de Repsol YPF Bolivia, por ejemplo, o los viajes y transportes de los funcionarios que trabajan para las transnacionales. Puestos a costear gastos, se incluyen hasta los de la publicidad que difunden las empresas petroleras en los medios de comunicación, muy convenientemente adjudicados al apartado de Costos de Administración y Servicios que contemplan los costes recuperables. Las multinacionales, además, se desprenden de impuestos que de otro modo deberían contraer de acuerdo con la Ley 843, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a las Transacciones (IT) y a las Remesas al Exterior.

Todas las inversiones, costos de operación y rentabilidad las empresas serán «acordados de buena fe» de acuerdo con las declaraciones de las petroleras, y sólo después, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías se limitará a revisar las cuentas presentadas por las multinacionales. Así puede ocurrir que los costos sean más elevados de lo esperado, como ha sucedido en el campo de Margarita, en la provincia de Tarija, en donde que Repsol YPF ha invertido tales sumas de dinero que los ingresos de YPFB se reducirán a cero hasta el año 2014, año en el que la multinacional se habrá recuperado de sus anteriores inversiones.

El mismo Decreto de Naciona-lización contempla la labor de auditorías oficiales que examinen la relación de costes y amortizaciones que declaran las compañías. Según los resultados preliminares, las auditorías han contradecido la versión de las empresas, que han declarado costos por valor de 3.500 millones de dólares mientras los resultados de las auditorías no preveían montos superiores a los 800 millones. Por ahora, las compañías han conseguido que se den por válidas las inversiones y amortizaciones que han argumentado, dado que los nuevos contratos se asientan en sus declaraciones y no en los resultados de las auditorías. De este modo, han quedado en un limbo jurídico los resultados de más de 50 auditorías que evidenciaban la no exploración y perforación de pozos de campos, que de haberse tenido en cuenta, habrían devuelto a YPFB el control de los hidrocarburos. El cónsul de Bolivia en Madrid, René Behoteguy, así lo consideraba: «La idea es no enfrentarse [a las compañías], pero sí hacer respetar que lo que no hayan cumplido, se pueda resarcir al Estado pero de una manera razonable y consensuando con ellas la forma en que se va a hacer».

Mientras tribunales ordinarios del país han emprendido juicios contra las multinacionales, no se han tomado medidas en contra de Andina (filial de Repsol YPF) y Petrobras, por ejemplo, después de que una auditoría oficial descubriera estafas por valor de 171 millones de dólares al incurrir ambas en evasión impositiva y contrabando. René Behoteguy explicaba por qué: «Se va a sancionar de alguna manera a las petroleras, pero va a ser una sanción que esté negociada con ellas, y se pueda ver como pueden resarcir lo que no hayan cumplido al Estado» precisaba.

«Lo que el Estado boliviano no va a hacer porque no le conviene en este momento, es rescindir los contratos. Al menos con Repsol y Petrobrás, que son nuestros socios más grandes no podemos darnos el lujo de rescindir los contratos porque pararía el negocio que es muy importante ahora para el Estado boliviano dada la política social del presidente», añadió.

PRIORIDADES

Esbozados los puntos principales de los nuevos contratos, la atención vuelve a situarse sobre las preferencias de las multinacionales, que hasta ahora han antepuesto la demanda externa de petróleo y de gas frente al abastecimiento de la interna por un simple cálculo de números.

Ellas mismas han reconocido que si suministraran petróleo y gas al pueblo boliviano, que tiene los precios regulados, sólo obtendrían 90 céntimos de dólar por millón de BTU de gas natural (Unidad Térmica Británica), mientras que la la exportación a Brasil podía garantizar el ingreso de 4.30 ó 5 dólares por la misma cantidad. Ello permitió acuerdos de venta de gas con países vecinos con los que se aseguraban mercados de exportación, un motivo más para renunciar a la búsqueda de nuevas áreas de exploración y volcarse en la rentabilidad de la explotación de las reservas localizadas.

Otra de las grandes ventajas con las que cuentan las multinacionales es que no hay ningún impedimento desde los nuevos contratos desde el que no puedan considerar como suyas las reservas de gas y petróleo ante los mercados financieros internacionales, lo que de nuevo hace cuestionar la verdadera titularidad de los recursos hidrocarburíferos, evaluados en torno a los 200.000 millones de dólares. Ni siquiera el ex ministro de Hidrocarburos y Energía, Andrés Soliz Rada, pudo conseguir que un Congreso dominado por el Movimiento al Socialismo de Evo Morales prohibiera de forma explícita este tipo de licencias que se adjudicaban las compañías.

Bolivia, por otra parte, ha consolidado la exportación de sus recursos con precios muy por debajo de la media internacional sin reparar en programas de industrialización que consolidaran el protagonismo de YPFB como empresa estatal, aunque por ahora «no está capacitada para sustituir a las petroleras, ni la política está delineada para lograr estos efectos», de acuerdo con Poveda. Las muy distintas salidas que puede tener la transformación de los hidrocarburos en bienes manufacturados (petroquímica, termoelectricidad, diesel, gas licuado, metanol, etanol, urea, amoniaco) explican por qué los ingresos de este tipo son de 3 a 10 veces superior a la simple venta de la materia prima.

El Gobierno, de hecho, es consciente de la importancia de la industrialización y de las condiciones de las que parten. «La derecha en Bolivia, los gobiernos neoliberales, han destruido YPFB, la han desmontado completamente, lo cual nos lleva a que si nosotros iniciáramos un proceso de expropiar, retirar a las empresas y querer que YPFB asuma solo el sector de hidrocarburos -toda la cadena de exploración, explotación, refinamiento, todo- solo, no lo podría hacer, y lo pagaría el sector. Se nos pararía el sector», señalaba René Behoteguy.

Precisamente por eso, la nacionalización de Bolivia no puede ser comparada con la de Venezuela: «Venezuela tiene otras condiciones estructurales. Tiene un PDVSA [Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima] muy fuerte con capacidad de llevar adelante sola cierto tipo de inversiones que nosotros no podemos», indicaba Behoteguy. «Por eso el proceso de nacionalización va a empezar recuperando el control sobre lo que pasa con el gas boliviano, mejorando los ingresos del Estado, hacerlos más justos, más dignos, y hacia futuros procesos de mayor control sobre el sector, como el caso de compra de refinerías que se ha hecho con Petrobrás».

LO QUE NO PUDO SER

Al principio, las nacionalizaciones que emprendía el Gobierno no fueron cuestionadas del mismo modo. En virtud del Decreto de Nacionalización del 1º de mayo de 2006 se establecía un periodo de transición, por el que las retribuciones al Estado alcanzaban el 82% de los ingresos totales de la comercialización del gas, y que finalizaba con la firma de los nuevos contratos. Durante los seis meses que el Decreto daba de plazo para la firma de los nuevos acuerdos, se garantizaba una participación adicional para YPFB del 32%, de modo que antes, por ejemplo, la multinacional Petrobras acababa con sólo el 5% de los beneficios totales una vez descontados de su parte los impuestos de la Ley 843 que debía desembolsar.

Pero con los nuevos contratos, «el cobro adicional de 32% (…) para YPFB, con la migración de contratos, se redujo a 2%, por lo que el ingreso para el Estado sólo será un poco más de 50% y no de 82% como manifiesta el presidente en los discursos», señalaba Pablo Poveda. Los impuestos del IVA, a las Transacciones y a las remesas, además, pasan a ser asunto del dueño de la titularidad de los recursos, es decir, del Estado. Y para lo que muchos ha sido lo más grave: no se sanciona el desacato a la Ley 3058, firmada durante el Gobierno provisional de Carlos Mesa el 17 de mayo de 2005, por la que se otorgaba a las compañías un plazo de seis meses para que abandonaran los contratos de riesgo compartido, vigentes hasta entonces, que hacían a las transnacionales propietarias de los hidrocarburos producidos desde la boca de pozo.

No sólo no lo hicieron, sino que la respuesta del Gobierno fue el Decreto de Nacionalización enmarcado en la Ley 3058, en el que no sólo no se castigaba la ilegalidad a la que habían incurrido las compañías desde hacía medio año (noviembre de 2005) sino que se les concedió 180 días más para firmar los nuevos contratos. Su ratificación ha dejado en evidencia tanto al Gobierno como al Congreso y al Senado de Bolivia, que al admitir los nuevos daban por válidos los anteriores y así renunciaban a encausar a las petroleras por los delitos cometidos.

CUESTIONES A FAVOR

A pesar de lo anterior, no se puede olvidar que mientras la Ley de Hidrocarburos 3058 recupera la tributación del Estado en un 50%, el posterior Decreto de Nacionalización avanza en el derecho propietario del Estado, puesto que no se limita a reconocer la propiedad de los recursos sólo en boca de pozo, sino en todo su conjunto. Se reconcilia así con la Constitución Política del Estado boliviano, en la que se reconoce la propiedad estatal de los hidrocarburos. El investigador Pablo Poveda reconocía que los beneficios del Estado entre 1997 y 2004 fueron de 204 millones de dólares, cuando ahora ascienden a los 720 millones: «los ingresos para el Estado con la Ley 1689 [anterior a la Ley 3058] son un tercio de lo que son con la Ley 3058, y se duplican en relación a la ley anterior a la 1689», afirmó.

Por otro lado, el Gobierno ya ha manifestado su intención de hacerse con el 50% de las acciones más 1 de la privatizada Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA (al igual que hizo con Petrobras, pero adquiriendo el 100% del accionariado), y de las empresas capitalizadas Chaco, Andina y Transredes, esta última muy relevante en el sector hidrocarburífero al poseer el 90% de la línea de oleoductos (unos 6.500 kilómetros de tubería).

El Estado no llegaría a tener el monopolio de los recursos por ahora, algo que ya fue exigido por los sectores movilizados en torno a la nacionalización que tomaron las calles en octubre de 2003 y en mayo-junio de 2005 (dos momentos cruciales del país que obligaron a dimitir, en escrupuloso orden, a Sánchez de Lozada y a Carlos Mesa). Ello no significa que no pueda realizarse una vez se refuercen las estructuras del Estado: «El primer paso es el 50% más 1 que nos permita controlar y que las decisiones graves que se tomen en las capitalizadas pasen por el Estado y por YPFB», argumentaba el cónsul de Bolivia. «En el futuro, probablemente, tengamos la capacidad para ir retomando el control. El golpe que no han dado ha sido muy duro. Con la capitalización han entregado todo lo nuestro a manos extranjeras pero estamos en ese proceso en el que primero tenemos que tener un control y después podemos ver la posibilidad de ir ampliando ese control hasta tener mayor capacidad de mando».

Muy alentadoras han sido las recientes medidas por las que YPFB, además, pasa a tener la comercialización interna del crudo reconstituido, las gasolinas blancas y el monopolio de la exportación, con la consiguiente compra de las dos refinerías de Petrobras. «Se frustra el negocio de las refinerías, ya que es la exportación de petróleo reconstituido lo que hace atractivo tener las refinerías y no el abastecimiento del mercado interno», señalaba Poveda. «Petrobras, al ver frustrados sus negocios de exportación de petróleo reconstituido, decide vender las refinerías».

Sin embargo, la asunción de que por tanto YPFB está preparada para conseguir el control efectivo de sus recursos puede ser arriesgada. «YPFB tiene ahora la posibilidad de controlar el mercado interno, pero está limitado por la propia ley que establece el precio internacional de los hidrocarburos y sus derivados para el mercado interno», señalaba Poveda. «De hecho, puede seguir subvencionando y rebajar los precios, pero frente a las reglas de libre mercado, YPFB tendrá que asumir la subvención, lo que haría más difíciles sus perspectivas para potenciarse como empresa».

El Gobierno es consciente de los problemas paralelos que surgen con la subvención, dado que «genera un problema de escasez porque hay contrabando a otros países donde es mucho más caro porque no hay esta subvención, como es el caso del Perú. Es común que una garrafa de gas boliviano que en Bolivia cuesta 20 bolivianos, que son 2 euros, sale al Perú y cuesta 80», indicaba el cónsul de Bolivia. ¿Habría, entonces, que retirar este subsidio que consume parte los ingresos de YPFB? René Behoteguy no lo cree así: «Nosotros entendemos que los hidrocarburos son recursos naturales para uso del pueblo, no es simplemente un negocio, una mercancía. Es un patrimonio del pueblo boliviano y es derecho de uso común, por tanto, estamos a favor de subvencionarlo y hacerlo accesible».

Los motivos esgrimidos hasta ahora son suficientes para que algunos sectores consideren que no hay una verdadera nacionalización porque el Estado no tiene todavía la propiedad efectiva de los hidrocarburos. Otros prefieren destacar el avance en su derecho de propiedad, que se propone controlar la mayoría de las acciones de las grandes transnacionales y que asume poco a poco el control de los recursos hidrocarburíferos. No hay que olvidar que Bolivia debe lidiar con transnacionales cuyos ingresos multiplican varias veces los del mismo Estado. La estrategia a seguir prefiere ir arañando beneficios y atribuciones que le permitan en un futuro imponerse como dueño absoluto de los recursos a enfrentarse de lleno a compañías cuya capacidad de reacción puede no sólo extenuar al país sino herirlo de muerte en su proceso de nacionalización. El tiempo dirá si ésta puede ser la estrategia a seguir para un Gobierno que apuesta por un modo más apacible de enfocar su nacionalización.

Ashmore invierte en Nicaragua en planta a carbón gasificado

http://www.opinion.com.bo/PortalNota.html?CodNot=145138&CodSec=4

Este proyecto resolverá el déficit de 150 Mw que tiene actualmente el país centroamericano y además exportaría energía a sus vecinos.

Una delegación, encabezada por Brent De Jong, presidente de la empresa británica norteamericano Ashmore Energy Internacional (AEI), en días pasados visitó al presidente nicaragüense Daniel Ortega, para sentar las bases del proyecto de generación energética en el país centroamericano. El proyecto consiste en la instalación de una planta operada con nueva tecnología a base de carbón gasificado, material que permite cumplir con las normas medioambientales de menor índice contaminante que aquellas plantas generadas a base de bunker o diesel oil, la inversión considerada para ese proyecto ascendería a $us 1.000 millones de dólares.

El carbón gasificado permitirá a Nicaragua, obtener menor costo por kilovatio de energía producido, reflejándose esto en la disminución de costo al usuario. La planta generadora pretende abastecer al mercado interno nicaragüense y entregar energía a las plantas y distribuidoras de Panamá y El Salvador, otorgándole beneficios a la región. Este proyecto resolverá el déficit de 150 Mw que tiene actualmente el país centroamericano y además exportaría energía a sus vecinos.

Los empresarios de AEI invitaron al gobierno nicaragüense para que una delegación de técnicos del Ministerio de Energía y Minas, junto a otras instituciones, viaje a China Continental donde Ashmore tiene funcionando una planta a base de carbón gasificado.

Accionista de Transredes

Ashmore Energy es propietaria del 50% de las acciones de la transportadora boliviana Transredes que actualmente está encarando importantes proyectos energéticos para el mercado interno de Bolivia.

Al encuentro asistieron, por el gobierno, el presidente Ortega, su esposa Rosario Murillo, el general retirado Álvaro Baldonado, secretario de las zonas francas y asesor del mandatario para las inversiones, Bayardo Arce, asesor económico de la presidencia y el embajador en los

Estados Unidos, Arturo Cruz Sequeiro. “En cuanto a costos sería un gran alivio para el país, además que nos brindará un claro liderazgo regional energético”, dijeron los representantes gubernamentales.

La delegación empresarial estuvo integrada por Brent De Jong, chief executive officer de AEI, Emilio Vicens, vicepresidente de Desarrollo, Roberto Figueroa, gerente de la empresa para República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá; además de César Zamora Hinojos, gerente de la empresa Corinto, propiedad del grupo.

Biocombustibles, solución y problema

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=41405

Por David Cronin

BRUSELAS, jul (IPS) – Funcionarios de la Unión Europea (UE) prevén prohibir los subsidios para el desarrollo de biocombustibles en casos en que su producción cause un serio daño ambiental.

La utilización de biocombustibles, fuente de energía alternativa al petróleo y al gas, había sido presentada como un elemento clave de la estrategia de la UE para enfrentar el cambio climático.

Sin embargo, miembros de la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, han reconocido ahora que su producción puede destruir la ecología.

Funcionarios de los departamentos de Energía y Transporte de la Comisión analizan las principales disposiciones de una futura ley sobre biocombustibles, que esperan poner a consideración de los 27 gobiernos de la UE a fines de este año.

Esta iniciativa se produce luego de que, el 10 de enero, la Comisión fijó como meta para 2010 que toda la nafta y el gasoil tuviera 10 por ciento de biocombustible en su contenido.

El objetivo fue adoptado como parte de los esfuerzos del bloque para reducir las emisiones de dióxido de carbono, que según los científicos es el principal de los gases invernadero que producen el recalentamiento planetario.

Los funcionarios ahora admiten que la producción de biocombustibles puede contribuir al cambio climático antes que a evitarlo, especialmente si se destruyen bosques o se seca pantanos en el proceso.

La Comisión Europea realizó una consulta pública sobre la futura política de la UE en materia de biocombustibles, que concluyó el 18 de junio, en la que se recibieron opiniones sobre un documento de trabajo referido a la promoción de fuentes renovables de energía.

El estudio sugiere que los gobiernos no deberían otorgar incentivos fiscales a los biocombustibles, u otras ventajas de tipo financiero, si su producción libera gases invernadero que resulten superiores a la reducción eventual de emisiones, como consecuencia de su uso en lugar de los combustibles sólidos «puros».

«Los biocombustibles son en este momento la única fuente alternativa de combustible para el transporte, pero deben producirse de manera sustentable», dijo a IPS el portavoz de la Comisión para temas de energía, Ferran Tarradellas.

Asimismo, Tarradellas agregó que la Comisión desea que la mayor parte de los biocombustibles utilizados en Europa sean de producción doméstica. Se considera también si la prohibición de financiar su producción, en los casos en que produzca daño ambiental, debería relacionarse con las importaciones.

En mayo, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, de la Organización de las Naciones Unidas, el más importante organismo científico internacional en la materia, reconoció que la destrucción de terrenos de turba, combustible fósil de residuos vegetales en áreas pantanosas, constituye un problema grave.

Uno de sus miembros y asesor del gobierno de Uruguay sobre cambio climático, Daniel Mortino, señaló que «la recuperación de terrenos de turba degradados y agotados es una de las estrategias clave para limitar las emisiones de gases invernadero».

La organización Wetlands International estimó que ocho por ciento del total de las emisiones mundiales de gases invernadero son consecuencia del manejo no sustentable de terrenos de turba en el sudeste de Asia.

El aceite de palma, uno de los principales biocombustibles de creciente uso en Europa, se obtiene de plantaciones que crecen en esas áreas de turba, que son a la vez el hogar de especies en peligro como el tigre y rinoceronte de Sumatra y el orangután. Más de 50 por ciento de las plantaciones de Indonesia para producir aceite de palma se encuentran en terrenos de ese tipo.

La ministra de Ambiente de Holanda, Jacqueline Cramer, propuso el 27 de abril suspender los incentivos financieros para biocombustibles producidos en esas áreas. El gobierno de Gran Bretaña también está estudiando la posibilidad de establecer un sistema de certificación, para asegurar que la producción de biocombustible respete el ambiente.

Frauke Thies, de la oficina de Bruselas de Greenpeace, señaló que la Comisión Europea ha sido hasta el momento «muy vaga» respecto de las reducciones de emisiones de gases invernadero como resultado de la producción de biocombustibles.

El documento de la Comisión indica que la ley en la que se está trabajando establecerá metas respecto de la reducción de emisiones. Fijarán la diferencia mínima aceptable entre las liberaciones de gases invernadero derivadas de la producción de biocombustibles y la eventual disminución de las mismas por su uso en vehículos. El estudio menciona 10 por ciento como un posible recorte mínimo.

«Si se producen de manera sustentable, los biocombustibles pueden aportar parte de la solución a los problemas de cambio climático», sostuvo Thies.

«Pero es importante enfatizar que son sólo parte de la solución. No se logrará mucho en el sector de transporte salvo que exista un masivo perfeccionamiento en la eficiencia del uso de la energía», agregó.

El transporte representa 20 por ciento del total de emisiones de gases invernadero en la UE. Thies indicó que todavía no vio «ningún estudio convincente» de la Comisión que aclare por qué se estableció en contenido de 10 por ciento de biocombustibles en el contenido de la nafta y el gasoil.

Biopact, organización europea que promueve los biocombustibles como un factor de desarrollo económico en los países pobres, señaló que quienes diseñan las políticas de la UE pecarían de ingenuidad si creen que la suspensión de incentivos financieros detendrá su producción perjudicial el ambiente.

«Uno de los principales argumentos empleados en este momento es que los biocombustibles pueden causar deforestación en Indonesia y Malasia», dijo a IPS Laurens Rademakers, de Biopact. «Pero si se quiere evitar la deforestación, hay mejores formas de hacerlo que boicoteando los biocombustibles», agregó.

«Los productores se volcarán hacia China si se les cierran las puertas de Europa», indicó Rademakers.

La UE no debería adoptar criterios muy estrictos en cuanto a los incentivos financieros en esta etapa, recomendó. «La mejor forma de evitar la deforestación es asegurarse de que los granjeros obtengan un mejor ingreso. La pobreza es la clave, ya que los pobres frecuentemente no tienen una alternativa a la deforestación», sostuvo.

«Creo que la UE debe permanecer en este mercado y asegurarse de que los biocombustibles se producen de la manera más sustentable posible», añadió. (FIN/2007)